En los últimos ocho años se han formulado y concretado legalmente 3 políticas públicas de gran importancia para bajar los precios de los medicamentos, disminuir el gasto de bolsillo de las familias y racionalizar su uso. Pero su ejecución es deficiente. 

La más relevante, y con gran potencial hacia el objetivo de bajar el gasto, es la intercambiabilidad por equivalencia terapéutica. Un equivalente terapéutico tiene exactamente el mismo comportamiento clínico que el producto original o el de referencia o comparador. Esta política ha tenido un avance insuficiente, privando a miles de compatriotas a acceder a medicamentos de alta calidad y a un precio no sólo accesible, sino considerablemente inferior. Existen 511 principios activos que podrían participar en esta política. Pero sólo se ha incluido el 24% de los fármacos estudiados.

La segunda política importante es el fraccionamiento que permite que las personas reciban las dosis que realmente necesitan sin pagar de más, evitando la auto prescripción y la automedicación, tan característico de la conducta farmacofílica de los chilenos. En Estados Unidos, país rico en relación con el nuestro, esto se aplica rigurosamente. No se dilapida el bolsillo de esos ciudadanos. Por el contrario, se racionaliza el gasto y se respeta a los pacientes. En Chile, el avance de esto es de mínima significación.

La tercera política, es la Ley CENABAST, que posibilita la intermediación por parte de esta institución del Estado, en la adquisición de medicamentos en envases clínicos para las farmacias privadas. Esto con dos objetivos: Uno, posibilitar los menores precios de adquisición, por medio de las licitaciones, para traspasarlos a las farmacias y por consiguiente al público. Dos, permitir el fraccionamiento, que por definición es la extracción de las dosis posológicas desde un envase clínico para dispensar correctamente el medicamento. Esto prácticamente no ha sido utilizado.

Nuestro país sostiene como línea política: el “acceso universal y racional de las personas a medicamentos de calidad, seguridad y eficacia certificadas, costo asequible y cuyo uso racional lleve a obtener beneficios tanto en salud como en el gasto”. Este planteamiento ha sido de general aceptación, sin embargo, en la práctica no registra avances consistentes.

Los sucesivos gobiernos y el parlamento, con velocidades relativas, han impulsado políticas públicas inteligentes, cuya implementación, lamentablemente, no ha logrado transformar en resultados concretos los objetivos de cada una de ellas. Pienso que nuestro país no puede esperar mejores resultados sin el rigor que requiere la implementación de las políticas ya formuladas. Haciendo lo mismo, vale decir, mirando lo que sucede, sin exigir y controlar avances, no lograremos resultados diferentes. Se requiere voluntad y decisión sin pausa para ordenar a los actores que participan en este mercado.

Finalmente, una política que promete pero que no ha sido considerada, es la que propuso la Fiscalía Nacional Económica. Trata de la comercialización en farmacias, por precios más que por marcas. Sería un aporte y merece una mejor consideración.

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