Cinco académicos de las carreras de Derecho y Administración Pública son los impulsores del proyecto de investigación “Descentralización, una propuesta al Constituyente”, uno de los seis seleccionados en el Tercer Concurso de Políticas Públicas, del Centro de Políticas Públicas y la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y Proyectos Institucionales de la U. San Sebastián. 

Arturo Squella, director del Centro de Estudios de Derecho Público y Sociedad y uno de los promotores del proyecto, afirma que el objetivo es “constatar cuál debiera ser la estructura político - administrativa ideal para que, en el contexto de una nueva Constitución, avancemos hacia una mayor autonomía de los municipios en la toma de decisiones de repercusión local”.

En otras palabras, -añade el académico- “nos preguntamos: ¿cómo logramos que el gobierno central se aboque a los temas mayores, dejando espacio para que en los municipios se concentren las decisiones de repercusión local? o, cuál debiera ser el rol de los gobiernos regionales y provinciales, ¿se justifican?, ¿asumen un rol únicamente de coordinación de inversiones sectoriales o sólo dedicados al orden público? En este contexto optamos por la descentralización como eje de la investigación principalmente porque es de aquellos temas que no se encuentran en la arena de la confrontación y eso se traduce en una recepción transversal de nuestras conclusiones sin tener que competir con posturas preconcebidas de los constituyentes”.  

¿Por qué descentralizar? 

Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno USS y otro de los investigadores del proyecto, sostiene que con este proceso se atiende a la propia evolución de la democracia representativa “que ha conducido a un interesante proceso de toma de decisiones y de exigencias de la ciudadanía de participar de su propio futuro, en comunidad y en el ámbito territorial más cercano”. 

En su opinión, “estamos en un camino de consenso respecto a la necesidad de transferir los resultados de la reciente elección de gobernadores regionales a los habitantes. Lo que hay que evaluar es si este traspaso político irá acompañado con las competencias y recursos propios que permitan diseñar y articular políticas públicas que empalmen con la identidad y necesidades de los territorios”. 

En la misma línea, Arturo Squella, considera que la creciente demanda por una relación más directa con la autoridad se da naturalmente en los municipios, y ojalá éstos contaran con un techo en cuanto al número de vecinos por cada uno de ellos, sin duda de esta forma, no sólo se logra mayor eficiencia en la toma de decisiones, sino que se fortalece la confianza del ciudadano".

“Como hipótesis, estamos trabajando sobre la base de anclar la mayor parte de las decisiones en los municipios, descomprimiendo al gobierno central y también al gobierno regional y para ello, creemos que los municipios debieran ir logrando distintos grados de autonomía -en razón de indicadores predeterminados-, en algo que podríamos bautizar como autonomía progresiva o intervención decreciente de la administración central”, señala el académico.   

Sobre el texto que debiera considerar la nueva Carta Magna respecto de la materia de análisis, Arturo Squella, dice que “la Constitución en esta y en otras materias se debiera reservar para establecer los principios generales, preceptos que convoquen e interpreten a la mayor cantidad de personas posibles. La orgánica y normas de funcionamiento creemos lo más razonable es remitirlo a la ley”.  

Los académicos de la Facultad de Derecho y Gobierno que forman parte del proyecto de investigación son: Arturo Squella, Jaime Abedrapo, Andrés Chadwick, Gustavo Paulsen y Clemente Recabarren.