Es cierto que es casi imposible terminar con las listas de espera. Ningún país en el mundo ha podido hacerlo. Pero muy distinto es cuando existe un derecho establecido por ley que garantiza una atención oportuna y no se cumple, y cuando esa espera que debiera ser de un máximo de 30 a 60 días, supera el año.
La necesidad de formar a estos profesionales para una mejor calidad de atención y seguridad de los pacientes hace necesario optimizar el uso de estos establecimientos y su coordinación con los centros formadores universitarios.
Como miembros de una de las universidades que más médicos aporta al sistema público del país, cabe preguntarse: ¿Tendrán que enseñar esta nueva realidad todas las facultades de medicina? ¿Podrán existir universidades que, por su visión antropológica, no deseen enseñar tales prácticas? ¿Podrán objetar los internos esta práctica? ¿Será la gratuidad un criterio que determinará obligación de impartir la enseñanza del aborto?
El ausentismo laboral, la pérdida de productividad, el incremento de las esperas por una atención y cirugías, la mortalidad de pacientes en dichas esperas, la conflictividad gremial y los cogobiernos, los deterioros de los indicadores de inmunización, de detección real y notificación de HIV, la deuda hospitalaria histórica entre otros, hacen tener un diagnóstico crudo, con pronóstico reservado y tratamiento muy difícil de abordar.
Sabido es que ha habido constantes cambios, lo que ha producido confusión, estupor y muchas veces decepción. De las 2.497 camas comprometidas para marzo de 2018 en el plan original (20 hospitales construidos para el fin del gobierno) se dejarían repuestas solo 1.350 camas en 27 hospitales, de las cuales más del 70% viene como inversión de arrastre de la administración anterior y sólo corresponden a hospitales de baja complejidad y/o comunitarios.
Actualmente casi el 70% de los convenios existentes entre las instituciones formadoras -fundamentalmente universidades estales y las pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch)- están siendo administradas bajo la Norma N°18 que rige desde febrero del 2010.
Hoy, el Estado no cumple la legalidad vigente, la cual es pagar a tiempo sus obligaciones, pero tampoco dispone de un programa de adquisiciones planificado, con planes de pago mensuales.
Se debe avanzar hacia un país donde la infraestructura esté realmente al servicio de los ciudadanos independientemente de su forma de financiamiento, donde las asociaciones público privadas permitan reducir esta brechas y, especialmente, donde la percepción de la atención de salud mejore respecto a la calidad de estos mismos servicios.
Actualmente no existe una focalización de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores. De partida, no hay una uniformidad de criterio para definir qué se entiende por tales. Algunos organismos públicos consideran que es a partir de los 60 años, para otros a los 65 e incluso ya se habla sobre los 70 años.
La claudicación de estos proyectos -algunos de ellos adjudicados y otros en el cierre del proceso administrativo y que fueron revocados, habrían estado terminados al finalizar el gobierno de no haberse detenido el proceso. Ahora no hay claridad de que estos recintos queden en obras, dado que el trámite administrativo para construir de manera tradicional demora cerca de dos años. Es más, en el caso del Hospital Sótero del Río, incluso no hay certeza de que el proyecto vea la luz antes del 2020.
Hoy muchos pacientes están preocupados de si su patología está implementada de forma correcta, si tienen cobertura financiera o si tienen que colocar más recursos de su bolsillo para costear su tratamiento. ¿Qué respuesta se les da a las personas?
La tasa de donación en Chile es extremadamente baja, a pesar de la amplia difusión de las necesidades y la instalación del tema en el centro de las familias chilenas. Sin embargo, es necesario más educación cívica, confianza en el sistema y solidaridad, pero, por sobre todo, más eficiencia en la detección precoz de potenciales donantes y más procuración efectiva en los grandes hospitales públicos.
Desde hace algunos años existe el plan de formación de médicos y odontólogos especialistas, quienes tras su etapa de preparación son destinados a hospitales de regiones con escases sustantiva e inaceptable de profesionales.
Durante los últimos años hemos visto como sistemáticamente la deuda del sector hospitalario ha concentrado el interés de los Medios de Comunicación. En la administración anterior esta variable fue considerada como uno de los indicadores de gestión críticos para el sector y mensualmente, era reportado en un Informe de Gestión que era compartido a toda la Red Asistencial y al Ministerio de Hacienda y, cuyo extracto, era comentado en la prensa.
El objetivo inicial del Eunacom fue asegurar la calidad de los egresados de las diferentes facultades de medicina especialmente frente a la emergencia de universidades privadas. Superada esa profunda desconfianza hacia ellas, y especialmente porque muchas y en forma sumatoria, ya tienen miles de médicos egresados, la gran mayoría trabajando en el sector público especialmente en la APS y en ciudades pequeñas, se hace necesario revisar este mecanismo.
