Los datos recientemente conocidos acerca del ausentismo laboral en el sector público de salud, no pueden dejar indiferente a nadie y deben impulsar acciones que impidan el abuso a un derecho legítimo, como es al de la licencia médica.

El que este instrumento tan valioso para la recuperación de la salud de las personas, esté siendo vulnerado, no habla bien de la gestión del sistema sanitario de Chile.  A la luz de los datos, hay dos implicancias inmediatas: una operacional ya que se afecta la calidad de la atención en los Servicios de Salud y otra financiera, porque los recursos por pago de horas extraordinarias, presumiblemente  de personal de reemplazo, sobrepasa en MM$50 el presupuesto asignado el  año 2015 para esos fines.

Pero la gravedad del asunto no se detiene. La dotación efectiva de los funcionarios en los Servicios de Salud es de 100.832 personas a los largo del país y las licencias médicas curativas llegan a las 420.107, es decir, que son 4 licencias anuales por persona.

Podrá argüirse que la carga laboral es mayor en el sector salud, más difícil aún en zonas alejadas. No discuto que así es, pero el desglose territorial muestra que Aysén y Valdivia por el sur y Arica por el norte, registran ausentismos  mucho menores.

Por tanto, se debe reconocer la mala gestión en salud, el abuso a un derecho legítimo, pero también la anomalía en la prescripción de licencias. Esto porque si bien la mayor causa de las licencias curativas en salud se deben a dolencias osteomusculares, la segunda causa es la “no informada”.

El panorama no da señales de sanar, más aún cuando en los últimos tres años la inasistencia laboral se ha incrementado  desde  18,6 a 21,4 días al año,  significativamente mayor que en los demás sectores productivos. Si no se toman medidas urgentes, lo que también seguirá creciendo serán las listas de espera, la deuda hospitalaria, la insatisfacción de la ciudadanía y el desprestigio doloroso del sistema de salud de nuestro país.