Cuando acudimos a un establecimiento asistencial por una consulta, una urgencia o una atención médica ¿qué esperamos encontrar? Probablemente la respuesta obvia sea una atención de calidad. 

El plan AUGE, aprobado como Ley de la República en julio del 2005, garantiza acceso, oportunidad, protección financiera y calidad para un conjunto de enfermedades seleccionadas muy cuidadosamente por profesionales expertos.  

La cuarta garantía del GES debió esperar más de 10 años para lograr un porcentaje razonable de instituciones acreditadas y, mientras se incumplía el mandato legal, porque los plazos originales debieron ser postergados varios años  por incapacidad de cumplirlos, los pacientes seguían esperando su atención de calidad. 

Pero está claro ¿qué es la calidad? Una que en nuestro país ha descansado en la denominada acreditación de las entidades prestadoras del servicio como hospitales y clínicas. 

Un proceso del cual la Superintendencia de Salud muestra satisfacción. Y si bien la acreditación aporta elementos importantes, incluso indispensables para ofrecer atención de calidad, no mide los resultados de dichas prestaciones o el impacto en la salud del paciente, sólo orientándose a aspectos de estructura y procesos. 

Por ofrecer algunos ejemplos, no se evalúa la mortalidad operatoria de determinados procedimientos, ni la incidencia de infecciones respiratorias en pacientes con ventiladores, ni los errores de medicación…etc. Estos aspectos no solo no se consideran en la acreditación, en circunstancias que obviamente son muy relevantes al evaluar la calidad de la prestación médica.  Adicionalmente no son conocidos por los eventuales pacientes, a quienes se les ofrece una atención supuestamente de calidad.

¿No será el momento entonces de avanzar realmente hacia la calidad, analizando los resultados del tratamiento que se ofrece a quienes concurren con la expectativa de mejoría?  

¿No será el momento de evaluar la eficacia clínica de las canastas de prestaciones, que después de 10 años deberían mostrar efectos positivos? 

¿No será también el momento de hacer pública esa información, para otorgar herramientas de decisión, no solamente a los usuarios, sino también a los administradores de las instituciones prestadoras? 

Comprendo que estas son propuestas muy difíciles de implementar, pero si realmente nos preocupa la salud de los chilenos y el cumplimiento de una real garantía de calidad, no podemos eludir progresar en estos aspectos, que por cierto, ya están bastante avanzados en países a los que aspiramos imitar.