Hace unas semanas se cumplieron cinco años desde la promulgación de la Ley y los reglamentos de Acreditación de Prestadores de Salud para hospitales, clínicas y centros de atención ambulatoria.

Esta norma se estableció como un requisito para aquellos prestadores que estuviesen postulando a otorgar prestaciones en el Plan AUGE. Posteriormente, se transformó en una auténtica “Certificación de la Calidad” de todas las  instituciones prestadoras de salud del país, lo que ha significado un enorme esfuerzo organizacional para quienes pretenden obtener esta acreditación.

Prueba de ello es que los plazos inicialmente establecidos para obtenerla fueron sucesivamente postergados ante la evidencia de las importantes limitaciones que tenían para cumplir sus exigencias, especialmente los grandes hospitales del sector público.

En la actualidad, según la Superintendencia de Salud hay 338 hospitales públicos y centros privados que han logrado su acreditación. No obstante, varios la han perdido debiendo repostular a la renovación, la cual es bastante más exigente que la original debido a que las exigencias son progresivas a lo largo del tiempo. El aspecto que no está claro es si este complejo sistema efectivamente ha impactado en mejores resultados sanitarios y clínicos para los pacientes.

El proceso en sí tiene un fuerte componente de exigencias de estructura de la institución, por ejemplo: sistema de esterilización y eléctrico, acreditación de los profesionales, registros clínicos y manejo de farmacia, entre otros. Y en los protocolos internos de la operación de la organización están: protocolos de admisión de pacientes en la urgencia, de traslado, de control de infecciones, de admisión a cuidado intensivo y de consentimiento informado, por nombrar algunos.

Ambos aspectos indudablemente son muy valiosos e indispensables en la búsqueda de buenos resultados clínicos para los pacientes, sin embargo, no hay una evaluación de los resultados de dichos procesos clínicos, que son la razón por la cual, finalmente concurren los pacientes a pedir ayuda.

 Para el año 2018, un buen proyecto sería hacer más exigente el proceso de acreditación, pero en lo que realmente importa a los pacientes: los resultados clínicos por los cuales concurren a solicitar ayuda.

Ya existe información acerca de algunos aspectos, especialmente en el área de las infecciones intrahospitalarias, pero es perfectamente factible extender la exigencia de registrar estos resultados para efectos de la acreditación. Estos deberían ser indicadores de indudable relevancia para los pacientes (mortalidad, complicaciones del tratamiento o reingresos, entre otros), pero además deben ser indicadores claramente identificables y comprensibles para pacientes y funcionarios.

También sería un paso muy relevante hacia la transparencia y participación de la comunidad, que los resultados de estos indicadores de calidad fuesen conocidos públicamente. Los chilenos tienen derecho a saber que una determinada prestación en determinado hospital es dos o tres veces más riesgosa que en otro lugar. Asimismo, los administradores de dicho centro asistencial deben saber con meridiana claridad qué tipo de gestión están realizando.

Obviamente que estas propuestas no son populares ni fáciles de implementar, pero deberían estar en la próxima agenda de salud si de verdad queremos avanzar hacia una acreditación hospitalaria 2.0.