La confusión actual en materia de gobernanza mundial parece estar relacionada con que la legitimidad de la ley radica en el consenso de las mayorías y que este se aplique a todos por igual, lo que denota una falacia en el planteamiento jurídico, ya que se sitúa por sobre la categoría ética, cultural e histórica que resulta consustancial a la legitimidad de la norma. Todas las categorías, desde la perspectiva personalista, no pueden colisionar con los derechos que emanan desde la dignidad de las personas.

En consecuencia, los cambios sociales o reformas no tienen que ver primeramente con la eficacia o eficiencia, ni tampoco con los consensos, sino con la protección y respeto de la dignidad de las personas. Cuando hemos perdido aquello de vista y todo axioma puede ser legitimado por lo procesal, aunque atente contra el bien de las personas, estamos en un sinsentido social y sus políticas públicas.

Filosofar y dar sentido a la política tras un proceso reflexivo parece doblemente complejo, inserto en una cultura contemporánea que está impregnada de una desconfianza respecto a las posibilidades del intelecto de descubrir la verdad. De ese modo, la supremacía actual es el relativismo escéptico. Lo contrario atenta contra la libertad individual, que no es otra cosa que opiniones con gran sustento en los intereses propios.

Ello prescinde de lo comunitario y opta por no inmiscuirse en las causas del dolor ajeno, llevando implícita la siguiente máxima: la defensa de mis intereses (confundidos con derechos) conllevan no tener responsabilidad ante el otro o prójimo. Se pierde la noción del nosotros y con ello la comunidad.