Existe acuerdo en todos los interesados en la necesidad de hacer una reforma a la Educación Superior, con foco en conseguir universidades de calidad y con menor desigualdad en el acceso. No obstante, nos parece que muchas de las propuestas contenidas en el Proyecto de Ley son negativas para el futuro del sistema, en gran medida porque se basan en un diagnóstico equivocado. 

Un aspecto general es que se señalan conceptos que resultan poco comprensibles en el contexto de las normas propuestas. Una ley requiere definiciones lo más precisas posibles, usando conceptos que limiten al máximo las ambigüedades y potenciales problemas de interpretación. Este proyecto está lleno de definiciones vagas o imprecisas, lo que requiere un trabajo acucioso de revisión. 

Más allá de estar algo intrigado por comprender cabalmente a qué se refiere el proyecto cuando apela a que las instituciones deberían lograr el “desarrollo de la identidad local y planetaria”, es indudable la necesidad de estar más internacionalizados. Pero bajando al plano local, no parece existir conciencia sobre quiénes son los estudiantes en Chile hoy, ni a quiénes deberíamos incorporar.

Veamos en nuestra Universidad: los estudiantes tienen los mismos puntajes PSU que se observan en la mayor parte de las universidades chilenas, son de clase media desde un estrato relativamente acomodado hasta grupos vulnerables, la mitad son primera generación de su familia en la universidad, y el 90% recibe CAE, becas y beneficios internos, como mecanismos de ayuda estudiantil para financiar sus aranceles. Ellos recibirán impactos de una reforma que, más que favorecer su proceso universitario, les pondrá cortapisas y dificultará su progreso.

Un tema clave respecto a la calidad y equidad es tener alguna una visión acerca de las tendencias que se presentan en el horizonte del trabajo universitario; el proyecto carece completamente de eso, lo que lleva a que no se plantee la flexibilidad necesaria para abordar un futuro incierto. Eso es indispensable, incluso si solo consideramos que los estudiantes que ingresen el 2018, muchos ya nacidos en el siglo XXI, terminarán entre el 2022 y el 2025 al menos.

El aumento de cobertura ha planteado diversos desafíos, para hacer realidad las expectativas de las personas y del Estado. Más allá de lo puramente financiero, el perfil de los nuevos estudiantes requiere programas que se ajusten a su trayectoria escolar y familiar, y procesos de aprendizaje en las universidades que den cuenta de realidades que necesitan enfrentarse con estructuras y modalidades flexibles, frente a una mucho mayor movilidad nacional e internacional, con cambios culturales, económicos y tecnológicos que sabemos serán inmensos, y los cuales a lo más podemos prefigurar difusamente.

Por cierto, se requiere incrementar la formación de postgrado, que hoy constituye solo un 7% del total de estudiantes en Educación Superior y, finalmente, se debe abordar la brecha educativa de la fuerza de trabajo actualmente ocupada. Solo el 19,8% de la población mayor de 25 años tiene educación media completa, lo que debería llevar a facilitar el ingreso de personas que trabajan, con educación media o estudios técnicos, diseñando rutas distintas a las tradicionales para formar personas más cultas y con posibilidades de participar en el nuevo escenario que enfrentarán.

La educación continua, la articulación entre niveles educativos y el reconocimiento de aprendizajes previos deben hacerse realidad, lo que requiere reflexionar y hacer normas con visión a 30 años, y no mirando al próximo cambio de gobierno.