La gratuidad universitaria es una política no óptima desde el punto de vista de su rentabilidad social, y muy costosa para el Estado. Fue esto último lo que motivó que se limitara su cobertura a la duración oficial de las carreras, sin medir las consecuencias financieras en las universidades, y, en tal sentido, fue una medida imprudente. Desde luego, porque hubo poca comprensión en el debate legislativo sobre las razones que explican que los estudiantes se demoren más que la duración oficial de sus carreras. Reducir de facto el monto de los recursos fiscales que reciben las universidades supone utilizar un mal instrumento para un fin que puede ser muy noble: acortar los tiempos de permanencia de los jóvenes.

Una causa importante en la demora en el egreso es la mala preparación que traen muchos estudiantes, especialmente aquellos que provienen de ambientes vulnerables con carencias formativas. Ese es el Chile real. La repetición de cursos es frecuente no tanto por la desidia de los jóvenes o la negligencia de las instituciones.

Hay que poner una cuota de realismo y permitir que las universidades tengan un plazo razonable para adaptarse a estos cambios legales.

También se pone en duda la validez de las quejas de las universidades sobre las consecuencias financieras negativas del término de la gratuidad. Se afirma que el costo marginal de educar a un alumno rezagado es muy bajo. Es evidente el error conceptual de tal premisa. Se olvida que este no es el único ni el más importante costo. Son los costos fijos en infraestructura, equipamiento y profesores los más relevantes en el mediano plazo, que solo se financian con más ingresos, o sea, con aranceles regulados que, bajo esta norma, se reducen a la mitad.

Hay que convenir que la gratuidad deja en el descampado a las universidades adscritas en materia de financiamiento. Es cierto que este gobierno no es responsable; cuando se opuso a la nueva ley, advirtió sobre los riesgos de un modelo de gratuidad que no compensa peso a peso lo que dejan de pagar los alumnos y, en consecuencia, amenaza la calidad. Si no es posible volver al pasado y reabrir la discusión sobre una política pública que no era prioritaria frente a tantas otras necesidades sociales más urgentes, al menos hay que poner una cuota de realismo y permitir que las universidades tengan un plazo razonable para adaptarse a estos cambios legales.

Vea la carta al director en El Mercurio