Sin duda el crecimiento de las subdivisiones rurales en todo el país, ha generado una serie de consecuencias. Dentro de los impactos, está el ambiental, y es por ello, que además de los instructivos y circulares impartidas por el Ministerio de Agricultura durante el año 2022, la Superintendencia de Medioambiente también aumentó la fiscalización a proyectos inmobiliarios ubicados en sectores rurales en distintas regiones del país.

Lo anterior, en atención a que la migración de la ciudad al campo en el último tiempo, hizo necesario crear un criterio por parte de la SMA para aumentar la fiscalización de los loteos que busquen un desarrollo urbano en áreas rurales, sin la correspondiente evaluación ambiental, ya que en ciertas situaciones, conforme a lo establecido en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, además de cumplir la normativa pertinente sobre subdivisión de predios rústicos, el proyecto o actividad susceptible de causar impacto, debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, este criterio fijado por la SMA considera principalmente el número de lotes del proyecto, si tienen permisos de edificación, si existen humedales u otras áreas protegidas, que puedan causar un impacto en el medioambiente.

Por lo anterior, frente a esta nueva “arista”, nuevamente surge la necesidad de realizar a la brevedad una regulación integral sobre este tema, que sea capaz de abordar la problemática en sus distintas consecuencias e impactos, que no solo de traducen en la fragmentación del suelo agrícola, sino otros, como el impacto ambiental.

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