Es la palabra precisa para titular esta columna sobre lo que está ocurriendo con las isapres y sus afiliados. Más de tres millones de personas están viviendo un período de incertidumbre ante la inestabilidad proyectada para el sistema de aseguramiento privado de salud tras el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, en relación con la Tabla de Factores. Dicho fallo mandata a las isapres a recalcular todos los contratos en base a la Circular N° 343 emitida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 (la cual eliminó la discriminación por sexo y las preexistencias) y devolver a sus afiliados el cobro en exceso que realizaron.

Las isapres pudieron y debieron haber anticipado un escenario como el que están viviendo y, evidentemente, no lo hicieron. Muchas voces se levantaron en el pasado sobre la necesidad de llevar a cabo una reforma al sistema para hacerlo más solidario y más justo. No lo hizo el Poder Legislativo, con el proyecto de ley de reforma al sistema privado de salud, ingresado el año 2010; sí lo hace hoy el Poder Judicial mediante procesos de judicialización y de fallos judiciales. Urge que el Gobierno tome las riendas en el asunto.

Nuestra preocupación es y seguirá siendo siempre el bienestar de los pacientes, sin distinguir a qué sistema estén afiliados. Hoy hablamos de que las isapres requieren de una profunda reforma, pero también debe reformarse Fonasa. Esto es innegable.

En el escenario, muy probable por cierto, de que algunas isapres puedan entrar en insolvencia financiera se producirá un desplazamiento masivo de más de tres millones de personas hacia el sistema público, incluyendo más de trescientos mil pacientes con GES activos. Se discute además si esta devolución de fondos deberá tener como fecha retroactiva diciembre 2019 o incluso abarcar más años. Las isapres han recalcado que este desembolso de dinero pone en peligro su viabilidad.

Dado lo anterior es que con mucha incertidumbre nos enfrentamos a dos escenarios: uno, de impacto económico para el sistema privado, y otro, del masivo desplazamiento de pacientes que van a ver postergadas sus atenciones.

Las largas listas de espera que se presentan actualmente, tanto en cirugías como en especialistas, se verán considerablemente abultadas ante la desaparición de las isapres. ¿Podrá el sistema público recibir y dar solución a estos pacientes?

Se debe buscar, con extrema urgencia, una solución a esta grave situación avanzando en un Pacto por la Salud, a través del diálogo y la búsqueda de consenso por parte del Gobierno, los parlamentarios, la Superintendencia de Salud, el Minsal y las isapres, porque los pacientes, además de padecer su propia enfermedad, sufrirán una carga de angustia que puede ser intolerable.

Nuestra meta debe ser velar por el bienestar de nuestros ciudadanos e ir corrigiendo las históricas inequidades existentes, la que nos permita llegar a un sistema de salud más justo, con una atención oportuna y de excelencia para los pacientes, basada en sus necesidades y no en su capacidad de pago.

¿Podremos llegar a un acuerdo?

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