Parece una mala broma, pero no lo es. Estando a semanas de cumplirse la fecha indicada por el ministerio para enviar el primer Proyecto de Ley que reforma la Educación Superior y el Proyecto de Ley de Presupuesto que incluirá la gratuidad para estudiantes de algunas instituciones, el Ministerio de Educación ha difundido nuevos requisitos para las universidades que deseen acceder a la gratuidad. Este vez las sociedades comerciales sí podrán formar parte de los controladores de una universidad (aunque sólo en un porcentaje) y la acreditación mínima baja de cuatro a tres años, para aquellas que estén certificadas en el área de investigación.

No se ha logrado comprender el grado de incertidumbre que produce en todas las instituciones, estatales y privadas, del Consejo de Rectores o no. Esto tiene efectos que pueden ser permanentes, aún cuando el próximo año se incorporen otras instituciones.

La demanda total en la admisión es probable que crezca, porque estudiar no tendrá el costo del arancel. Uno puede prever, dado que INACAP no entra en este esquema, que DUOC tendrá un récord de postulantes y que muchos quedarán muy molestos por no ser admitidos. La falta de claridad y discriminación arbitraria es tan evidente que se ha producido lo impensable; no existe organización de estudiantes ni universidades o IP que estén de acuerdo.

Otro efecto esperable es la dificultad generalizada para financiar inversiones con créditos de mediano o largo plazo. Con esto se demuestra una vez más la tremenda improvisación y falta de rigurosidad que, lamentablemente, ha tenido el Mineduc en este tema.

No se ha definido quiénes serán los estudiantes beneficiados, el monto de los aranceles, las exigencias para las instituciones, cómo se hará para mantener y expandir el costo que significa la gratuidad, si existe un arancel diferente al fijado para los estudiantes no favorecidos.

Son demasiadas preguntas y muy pocas y malas respuestas. En este sentido, la responsabilidad de los parlamentarios es enorme, para modificar una muy mala iniciativa. La opción que se vislumbra es destinar recursos para otorgar más becas, que se distribuyan según la situación socioeconómica de los alumnos, y no por decisiones confusas y arbitrarias de funcionarios públicos que no entienden como funcionan en la realidad las universidades.

Como rector de una universidad que ha realizado un arduo trabajo por mejorar sus índices de calidad, y así lo demuestran las mediciones a las que hemos sido sometidos y el nivel de nuestros egresados, resulta muy frustrante aceptar que pertenecemos a un sistema que no hace más que generar políticas a la medida de algunos y que no considera la enorme preocupación que sus indefiniciones genera en los propios estudiantes. Esta sensación empeora si uno desea que nuestras instituciones de educación superior eleven la calidad, con mayor inclusión social.