Velar por la continuidad de tratamientos de las personas sin poner en riesgo su salud y vida es fundamental. Ante la probable insolvencia financiera de las aseguradoras privadas, es sumamente relevante cuantificar el costo fiscal que tendrá para el Estado el escenario en que ex beneficiarios de Isapres emigren a Fonasa al no ser aceptados por otra Isapre, debido a sus preexistencias.

La ley corta y su respectivo debate ha estado más centrado en la deuda y alzas de precios en las Isapres, donde también ha habido carencia de cálculos y estimaciones de orden público. Esta escasez ha debilitado una toma de decisiones informada, alimentando, por el contrario, un debate ideológico y polarizado por lo que el costo fiscal debe ser puesto sobre la mesa en la discusión.

El análisis de Daniela Sugg, académica de las Universidades Diego Portales y Nacional Andrés Bello, y Carolina Velasco, Directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), utiliza los datos que provienen de la plataforma Datos Abiertos de la Superintendencia de Salud y de sus series estadísticas. En particular, se utilizan las bases de datos de Registro de Prestaciones del año 2023, más estadísticas generales de cotizantes e ingresos del año 2023. El análisis se realiza solo para las 6 Isapres abiertas que se encuentran directamente afectadas por “efecto deuda” y ley corta.

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Aportes para el debate en salud: estimación del costo fiscal de otorgar continuidad de tratamiento ante insolvencia de Isapres abiertas

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