Expertos y analistas critican prioridades legislativas del Gobierno para salud en 2017

Esto, luego que el Ejecutivo habría definido las prioridades a impulsar en lo que resta de mandato para salud, donde interrupción del embarazo en tres causales, regulación de fármacos bioequivalentes y seguro solidario de acompañamiento del niño, corren con ventaja.

Viernes 3 de febrero de 2017

Expertos y analistas critican prioridades legislativas del Gobierno para salud en 2017
escrito por Oscar G. Galaz

La semana pasada, el Gobierno habría fijado las prioridades para los restantes 12 meses de administración que le quedan, hasta marzo de 2018. Dentro de los proyectos a dar mayor empuje o ingresar al Congreso, hay varios comprometidos y otros que sin estar en la agenda diaria, se quieren sacar adelante.

En lo que respecta a salud, de las 48 propuestas que estaría trabajando, tres están en “la Agenda de Salud”, más una cuarta en la “Agenda Económica”. Se trataría de “Interrupción del embarazo en tres causales” (en segundo trámite constitucional); “Regula fármacos bioequivalentes” (primer trámite) y “Seguro solidario de acompañamiento del niño” (sin ingresar al Parlamento). También está la “Asignación a Subsecretaria de Redes Asistenciales” (primer trámite).

Esta priorización de iniciativas que habría acordado el Ejecutivo con los partidos oficialistas estaría dejando de lado, eso sí, algunas otras que han estado en discusión y que han sido demandadas por la ciudadanía el último tiempo como es la modificación al sistema de Isapres o el reconocimiento y protección a la identidad de género. Algunas menos demandadas tampoco estarían entre las prioridades como es el cambio a la Ley 20.000 (despenalización de la marihuana).

En esta jerarquización del Gobierno, hay quienes han salido al paso a criticar el por qué de estos proyectos y no otros. Al respecto, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián (USS), Luis Castillo, asegura que “la agenda en salud muestra una sequía legislativa. Acá uno puede cerciorarse que resolver la salud privada de 2,8 millones de pacientes de la población afiliados a Isapres, no tiene ninguna prioridad para el Ejecutivo; no hay una priorización en solucionar los factores de riesgo, las prexistencias, controlar el alza de los planes de salud, entre otros”.

Según la ex autoridad, en las prioridades de la administración Bachelet “sólo veo tres proyectos de ley, donde uno está asociado nuevamente con regalías monetarias para un grupo de personas y dos proyectos de ley más: uno que me parece importante y fundamental que es el acompañamiento de las madres para los niños enfermos- que ni siquiera está ingresado- y otro sobre despenalización sobre las tres causales del aborto, del cual estoy en absoluto desacuerdo”.

Según Castillo, “no hay priorización legislativa de proyectos que están en el Congreso habitando por años, no se ve nada. Acá así como hay una falla en gestión clínica, hay también una sequía legislativa para tratar de regular y reglamentar por ley aquellas situaciones en salud que son prioritarias para la población. Hay un total desajuste entre las prioridades legislativas y las necesidades  y problemas de la población”.

Dar tiempo

El proyecto de identidad de género actualmente en discusión en la comisión de Derechos Humanos del Senado es una de las prioridades legislativas para la Fundación Iguales. Así lo precisa su presidente, Luis Larraín, quien dice que sabía que esta iniciativa no iba a ser prioridad, aunque confía en que salga cuanto antes despachado. 

Puntualiza que en una reunión de enero con la vocera de Gobierno, Paula Narváez, “ella nos dijo que el proyecto de ley de identidad de género no estaba dentro de las prioridades porque eran acuerdos entre ministerios y parlamentarios, pero sí que su ministerio iba a seguir impulsando con las misma fuerza de siempre el proyecto, por lo que hay que darle el beneficio de la duda a la ministra, pero sin duda que habría sido mejor haberle dado más priorización, dado que además está en el programa de gobierno”.

Larraín asegura que no tienen certeza “absoluta” de que el proyecto se vaya a aprobar “y eso nos tiene un poco intranquilos, pero por otro lado, este es el único proyecto que está viendo la comisión de Derechos Humanos del Senado, por lo tanto, no es que la comisión lo deje botado, por eso nos quedamos tranquilos que será visto este año, ya que es un proyecto que lleva tanto tiempo que nosotros vamos a hacer lo posible y la presión necesaria para que avance y se le ponga urgencia y finalmente salga del Senado, donde ha sido una pesadilla”, sentencia.

 

 

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