Señor Director:

Se han conocido algunas propuestas generales de la Comisión de Expertos respecto de lo que podría ser la futura Constitución. En este contexto, es fundamental que el derecho a la salud esté contenido en la nueva Carta Magna, que se defina y se explicite qué implica este derecho para las personas, en el marco de los principios que regirán la nueva Constitución. Esto permite que sea el proceso democrático legislativo el que defina cómo se organizará el sistema de salud para ejecutar este derecho. En el mundo existen diferentes opciones, con o sin participación de privados en las diferentes funciones de salud (recolección de recursos, financiamiento de prestaciones y provisión de servicios y bienes en salud) que han logrado el objetivo de entregar la atención de salud requerida con la calidad, oportunidad y protección financiera suficiente.

Como lo muestra la evidencia, no existe un modelo mejor que otro, contar o no con privados o Estado no genera per sé un problema de inequidad en el acceso a la salud, sino que lo relevante es el marco de acción, la institucionalidad y la interacción de todos los actores. Más aún, la instalación de diferentes modelos de organización del sistema de salud debe tener en consideración la idiosincrasia, cultura, nivel de desarrollo del país y del sector Estatal y privado y, en general, la realidad de cada país.

Quienes tenemos incidencia en la definición de las políticas y decisiones en salud, debemos ser cautos en promover el debate colaborativo y con un lenguaje que contribuya a generar consensos, unidad y un clima que permita construir un sistema de salud justo y con mirada de largo plazo.

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