¿A qué sector le quitamos para transferirlo a salud, considerando que hay demandas muy legítimas en otras áreas sociales? Es importante poner atención a la ineficiencia en el uso de sus recursos.
Es necesario que haya un seguimiento a las medidas que buscan reducir el costo de los medicamentos.
La propuesta del Gobierno de autorizar su venta fuera de las farmacias, es probable que tenga un efecto económico limitado, pero sí podría tener buenos resultados en la automedicación.
Esta es una información extraordinariamente coherente con la aportada previamente por varias sociedades científicas médicas y es de esperarse que sea muy seriamente considerada por nuestros legisladores al momento de decidir.
La evidencia es categórica: no se demuestran beneficios terapéuticos y si se registran efectos deletéreos, especialmente en el desarrollo intelectual cuando se inicia en la etapa de maduración del cerebro. Adicionalmente, aparecen alarmantes datos respecto a la depresión y suicidio entre estudiantes.
Es indispensable enfrentar el tema en forma cuidadosa, evaluando las propuestas con el objetivo fundamental de ofrecerle a los chilenos, especialmente a los de menores recursos, una mejoría en el acceso a la atención de salud.
Una fuerte campaña de información y la fiscalización estricta de la obligación legal de las farmacias de disponer del medicamento bioequivalente, como lo establece la Ley de Fármacos I, permitiría una disminución muy sustancial del gasto de bolsillo en medicamentos, especialmente significativa para los sectores más pobres.
Es el Ministerio de Salud el que debería establecer los estándares aceptables para habilitar el ejercicio de la Medicina en sus diversos ámbitos, incorporando un requisito de reacreditación para asegurar la continuidad de las competencias.
El Ministro de Salud asegura que “le pondremos el cascabel al gato” a estos problemas, pero cuando consideramos que menos del 20% de los chilenos (más ricos) están afiliados a las Isapres, cabe preguntarse si ¿es esa prioridad es importante?
Se debe apuntar primariamente desde dos perspectivas, diferentes pero complementarias e indispensables: Desde la mirada de los ciudadanos, se requieren medidas urgentes para empezar a solucionar problemas largamente postergados, y desde la mirada de la organización del sistema, en una perspectiva de menor urgencia pero de mayor importancia.
Podemos concluir que estamos en presencia de un sistema público y privado que mejora, aunque lentamente, y que persiste una muy significativa diferencia de apreciación de la calidad entre ambos sistemas.
La mejoría del 29% vista en 2017 respecto al año previo, es ciertamente muy alentadora y ojalá indique un cambio en la pobre tendencia que mostraba Chile. Pero, pese a estos confortadores resultados, aun no debemos cantar victoria ya que estamos muy lejos de los países líderes en esta estrategia terapéutica.
Esta nueva realidad que vive nuestro país debería invitarnos a reconsiderar nuestras políticas públicas hacia el adulto mayor, grupo etario que se está trasformando en el de más rápido crecimiento del país y por ende, deseoso de mejoras para su vivir.
Está prohibida por ley desde el año 2006. Sin embargo, no hay una demostración que la justifique razonablemente.
El tema de los medicamentos ha ocupado la agenda pública por la acusación de colusión de tres laboratorios productores de inyectables que fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Pero también porque los precios parecen altos e inasequibles para segmentos importantes de la población, situación que fue mencionada incluso en la reciente campaña presidencial.
