Se debe apuntar primariamente desde dos perspectivas, diferentes pero complementarias e indispensables: Desde la mirada de los ciudadanos, se requieren medidas urgentes para empezar a solucionar problemas largamente postergados, y desde la mirada de la organización del sistema, en una perspectiva de menor urgencia pero de mayor importancia.
Podemos concluir que estamos en presencia de un sistema público y privado que mejora, aunque lentamente, y que persiste una muy significativa diferencia de apreciación de la calidad entre ambos sistemas.
La mejoría del 29% vista en 2017 respecto al año previo, es ciertamente muy alentadora y ojalá indique un cambio en la pobre tendencia que mostraba Chile. Pero, pese a estos confortadores resultados, aun no debemos cantar victoria ya que estamos muy lejos de los países líderes en esta estrategia terapéutica.
Esta nueva realidad que vive nuestro país debería invitarnos a reconsiderar nuestras políticas públicas hacia el adulto mayor, grupo etario que se está trasformando en el de más rápido crecimiento del país y por ende, deseoso de mejoras para su vivir.
Está prohibida por ley desde el año 2006. Sin embargo, no hay una demostración que la justifique razonablemente.
El tema de los medicamentos ha ocupado la agenda pública por la acusación de colusión de tres laboratorios productores de inyectables que fueron querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Pero también porque los precios parecen altos e inasequibles para segmentos importantes de la población, situación que fue mencionada incluso en la reciente campaña presidencial.
Para el año 2018, un buen proyecto sería hacer más exigente el proceso de acreditación, pero en lo que realmente importa a los pacientes: los resultados clínicos por los cuales concurren a solicitar ayuda.
El trasplante cardíaco, particularmente en niños, no puede entenderse solamente como el acto técnico de extraer un corazón dañado e implantar uno sano: requiere una cuidadosa preparación pre-operatoria, que optimice las condiciones cardiovasculares del receptor, de modo de disminuir el riesgo del procedimiento.
La recién conocida Encuesta Nacional de Salud (ENS) 2016-2017 nos ofrece un buen instrumento para evaluar el progreso logrado en la última década y los desafíos que tendrán las políticas públicas de los presidenciables en esta área.
Ante la medida tomada por la Superintendencia de Salud, el director de IPSUSS plantea que "la solución debería pasar por separar las funciones del Eunacom: de evaluación de la calidad que razonablemente requieren las Facultades de Medicina, de la función de habilitación para el ejercicio profesional, que debe ser definida por el Ministerio de Salud y no sólo para el sector público, sino también al privado".
Las muertes por enfermedades infecciosas, prácticamente desaparecieron de los mapas estadísticos, mientras que los cánceres, desplazaron a los problemas cardiovasculares como la principal causa de fallecimiento y las patologías endocrinas y metabólicas irrumpen como causales antes inexistentes.
Deberíamos explorar la solución natural: devolver al Eunacom su carácter original de herramienta de evaluación de la calidad de formación otorgada en cada una de las Escuelas de Medicina que lo diseñaron y establecer otra instancia encargada de la habilitación para ejercer la profesión médica; práctica que es ampliamente utilizada en otros países desarrollados.
Una vez más queda en evidencia que por solucionar problemas como la falta de médicos en el país y la certificación de calidad de estos profesionales, sin resolver el problema de fondo, se toman decisiones apresuradas, cuyas consecuencias pueden afectar negativamente a millones de personas que se atienden en el sistema público y privado de salud.
La cuarta garantía del GES debió esperar más de 10 años para lograr un porcentaje razonable de instituciones acreditadas y, mientras se incumplía el mandato legal, porque los plazos originales debieron ser postergados varios años por incapacidad de cumplirlos, los pacientes seguían esperando su atención de calidad.
Sorprendentemente en ninguna evaluación del gobierno se hace un mea culpa por el daño causado a la población al postergar, injustificadamente, la construcción de hospitales que razonablemente se estimaban indispensables para ofrecer atención digna y de calidad.
