¿Hasta cuándo tendremos que gastar tanto en medicamentos?

Una fuerte campaña de información y la fiscalización estricta de la obligación legal de las farmacias de disponer del medicamento bioequivalente, como lo establece la Ley de Fármacos I, permitiría una disminución muy sustancial del gasto de bolsillo en medicamentos, especialmente significativa para los sectores más pobres.

Miércoles 12 de diciembre de 2018

¿Hasta cuándo tendremos que gastar tanto en medicamentos?
Escrito por

Manuel José Irarrázaval, director IPSUSS U. San Sebastián

Los medicamentos no son por sí solos una prestación de salud, forman parte de todo el circuito de atención que los pacientes inician cuando acuden a una consulta médica. Lamentablemente, su acceso, para muchos, se transforma en un dolor de cabeza. En Chile, se destina aproximadamente el 8,5% del PIB al gasto en salud. Cifra que nos acerca en este aspecto al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Sin embargo, nuestro gasto de bolsillo en salud representa el 32% de dicha suma, alejándonos del 20% promedio de la OCDE. Y es aquí donde el dolor de cabeza surge, porque precisamente el gasto en medicamentos corresponde a 55% del gasto de bolsillo en salud, llegando a 68% en el quintil más pobre. 

Pero hay opciones para mejorar esta situación. Entre ellas, Chile ha escogido en forma muy parcial la popularización del uso de medicamentos genéricos bioequivalentes: productos genéricos que han demostrado su equivalencia terapéutica con el producto original o de referencia y cuyo comportamiento clínico es exactamente igual al producto original, siendo, por lo tanto, intercambiable.

Un estudio reciente del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), comparó los precios de tres medicamentos muy utilizados en el tratamiento de enfermedades crónicas: Omeprazol, Atorvastatina y Atenolol, en las cadenas de farmacias Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, contrastando los precios del medicamento original innovador, con el genérico bioequivalente y con el genérico bioequivalente de marca. Tras el ejercicio comprobó que el medicamento original innovador es aproximadamente 8 veces más caro que el genérico bioequivalente y el doble de precio respecto del genérico bioequivalente de marca.

A su vez, el bioequivalente de marca es 4 veces más caro que el genérico bioequivalente, sin que exista una razón farmacológica ni de protección legal que explique esta diferencia, que incluso se mantiene estable durante una observación de un año. 

Adicionalmente, el Sernac efectuó comparaciones de canastas de medicamentos utilizados en el tratamiento de diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión arterial, depresión y micosis, observándose iguales tendencias en las diferencias de precios y, por lo tanto, un significativo potencial de ahorro para quienes utilizan el medicamento bioequivalente genérico. Los genéricos de marca representan el 54% de las ventas en valores y 41% en unidades, esto es la mayor proporción del mercado. 

Los medicamentos originales innovadores, en tanto, cuentan con la protección legal de patentes, necesarias para compensar el esfuerzo y el gasto involucrado en la innovación, por lo tanto, hay poco espacio de maniobra para modificar esos precios, salvo el impulso a la concesión de licencias no voluntarias, dentro de la legalidad vigente, lo que abriría la opción a otros importadores. 

Una fuerte campaña de información y la fiscalización estricta de la obligación legal de las farmacias de disponer del medicamento bioequivalente, como lo establece la Ley de Fármacos I, permitiría una disminución muy sustancial del gasto de bolsillo en medicamentos, especialmente significativa para los sectores más pobres. En la actualidad, desgraciadamente esta disposición no se cumple a cabalidad y lo habitual es que el dependiente ofrezca como sustituto al bioequivalente indicado en la receta, el bioequivalente de marca, frecuentemente fabricado por un laboratorio vinculado a la respectiva Farmacia. 

Entonces, a todos cumplir el rol que nos toca. Legisladores avanzar en mejoras a la normativa, Estado buscar mecanismos de compensaciones o ahorros y usuarios, exigir nuestro derecho a la medicina de calidad y a buen precio.