Reflexiones acerca de la seguridad pública: Una cuestión de convicción

Seamos claros, posiblemente la ley de control preventivo consiga evitar algunos atracos, sin embargo, las repercusiones en otros aspectos pudieran erosionar aún más nuestro debilitado tejido social.

Viernes 22 de marzo de 2019

Reflexiones acerca de la seguridad pública: Una cuestión de convicción
Escrito por

Jaime Abedrapo, académico Facultad de Derecho y Gobierno Universidad San Sebastián

Hemos sido testigos de cómo la opinión ciudadana es capaz de impulsar reformas en materia de seguridad pública. Los resultados de la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) muestran que la percepción de inseguridad aumentó en un 5%, lo que junto a una muy mala evaluación al Gobierno en esta materia (con una tasa de aceptación en torno al 6% según la última encuesta CEP) nos permite analizar en perspectiva la ley Anti Delincuencia recientemente aprobada. Esta aumenta penas (muy desproporcionadamente) en relación a los delitos contra la propiedad y elimina los atenuantes a los reincidentes, entre otras medidas. Además, aprobó el controvertido control de identidad preventivo, que en el oficialismo no consiguió consenso.

La consecuencia o efectividad de que esta ley no es clara en sus aportes a la seguridad. Desde el infantilismo algunos han señalado que ahora “vamos a meter con palas a los delincuentes a la cárcel”, en alusión a que ahora sí tendremos a los “malos” en prisión y la ciudadanía tranquila. En esta lógica podríamos preguntar por la situación carcelaria de nuestro país, y sobre todo acerca de cómo y con qué eficacia se está trabajando en rehabilitación y reinserción de las personas privadas de libertad.

Las causas del porqué se tienden a responder ante la delincuencia con aumento de sanciones a ciertos delitos se debe a varios factores, pero en esta ocasión quisiera relevar uno que es causa eficiente de la problemática, y dice relación con que la seguridad pública ha perdido densidad política o visión de sociedad. Se analiza más el fenómeno del delito y no las causas de la descomposición de la comunidad.

En efecto, los especialistas o técnicos estudian el fenómeno, pero no tienen por qué dar respuestas definitivas sobre cuestiones de principios y valores democráticos. La definición respecto a la estrategia a seguir es eminentemente política y cuando el tecnócrata ocupa ese espacio, esteremos en un problema de visión. Buscaremos respuestas solo en la comparación, conceptualización, en la evidencia internacional, en los números y en las estadísticas, pero por importante que sean estos elementos el problema social trasciende estos asuntos. La definición de la política en seguridad pública en sí conlleva convicciones.

Cuando dejamos la carreta delante de los bueyes, es decir, al tecnócrata por sobre el político, comprendemos la razón de la pérdida del objetivo comunitario, cohesión social, inclusión, participación ciudadana y responsabilidad democrática. En este sentido, la agenda Anti Delincuencia tuvo un sello pragmático y ello permitió la convergencia de las banderas del Gobierno y la oposición (derecha) que permite sortear de alguna manera el malestar ciudadano ante la inseguridad que vive y percibe, sin entrar a los temas sustantivos de la prevención del delito.

Seamos claros, posiblemente la ley de control preventivo consiga evitar algunos atracos, sin embargo, las repercusiones en otros aspectos pudieran erosionar aún más nuestro debilitado tejido social.

Nuestra sociedad está muy convulsionada, descreída y, sobre todo, desconfiada con las elites, por tanto, algunos actores políticos buscan sacar aplausos fáciles dando la razón a las exigencias de la mayoría, aunque saben (los que conocen del tema) que ello no será efectivo para disminuir el problema social que lleva aparejado la delincuencia.