La infertilidad humana es la incapacidad de lograr un embarazo espontáneo después de un año de relaciones sexuales en forma regular, sin la utilización de un método anticonceptivo. En Chile, el Instituto de Investigaciones Materno Infantil (IDIMI), señala que la infertilidad afecta a 10% de las mujeres en edad fértil al año de vida marital y que a los ocho años permanece infértil cerca de 5% de las parejas. No obstante, esta prevalencia ha ido en aumento por diversas razones, dentro de las cuales podemos mencionar el incremento de algunas infecciones de transmisión sexual y la edad cada día más tardía para optar por la maternidad.

Es probable que a lo largo de su vida reproductiva, cerca de 500 mil parejas chilenas acudan a solicitar orientación y servicios por infertilidad, requiriendo de apoyo terapéutico y del empleo de tecnologías de reproducción asistida (TRA) como la inseminación artificial y la fertilización in vitro.

Existen escasos registros sobre las prestaciones realizadas en este ámbito, esto debido a que casi la totalidad se realiza en centros privados pero, según antecedentes de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, el año 2009 se realizaron en Chile cerca de dos mil de estos procedimientos. Considerando en forma teórica que 30% de las parejas requería de TRA, se estaría cubriendo sólo cerca de 4% de las necesidades.

Esta tasa de acceso a TRA es muy baja, a diferencia de países europeos donde la infertilidad es considerada una enfermedad, por tanto, los altos costos que implican estas tecnologías son cubiertas por el Estado. En nuestro medio, no existe gran apoyo de las isapres o Fonasa, de hecho, esta última sólo ofrece cerca de mil cupos gratuitos para un ciclo de fertilización asistida de baja complejidad. En promedio, la evidencia científica muestra que hay que someterse a tres de estos ciclos para lograr la tan ansiada gestación.

Es aquí donde se visibiliza un factor de inequidad, pues acceden a estas TRA las personas que tienen los medios económicos. En diversos estudios se ha correlacionado el impacto en la calidad de vida tanto de hombres como de mujeres infértiles con el acceso y calidad de la atención recibida. Por cierto, en aquellos lugares con una cobertura total, el miedo y el estrés es bajo ante la incertidumbre de los costos económicos. En la medida que estos gastos salen de la pareja, se observa altos grados de sufrimiento, aislamiento y de frustración generando un círculo vicioso, pues se enfrentan a la terapia con angustia e incertidumbre, lo que incluso puede generar un quiebre de pareja.

Por otra parte, ¿sabía que en Chile no existe reconocimiento legal para el uso y desarrollo de Tecnologías de Reproducción Asistida por lo que estas prácticas se ajustan a las disposiciones de cada centro que las ofrece? Existe sólo el documento ministerial 1.072 de junio de 1985 denominado "Normas aplicables a la fertilización in vitro y la transferencia embrionaria", aplicable sólo a los centros públicos. La única norma con un rango legal es la ley Nº19.585 de 1998, donde se reconoce como padres de la criatura concebida mediante TRA a la pareja que se sometió al tratamiento. Así, en la ley 20.120 se prohíbe la destrucción de embriones para obtener células madres.

Un enfoque integral de la salud sexual y reproductiva debe considerar tanto el acceso expedito a tecnologías anticonceptivas como al estudio y tratamiento de la infertilidad. Sin embargo, en Chile existe un desbalance entre la alta cobertura a la anticoncepción y las Tecnologías de Reproducción Asistida. Hoy las TRA sólo cubren las necesidades de una minoría de la población afectada y disponemos de un escaso marco legislativo por parte del Estado.