Gratuidad: ¿Política pública justa?

Es evidente que la gratuidad en la educación superior tras el velo de la justicia tiene una base conceptual precaria y, en su diseño legal, tiene debilidades adicionales que explican por qué ha sido una política pública tan controvertida.

Lunes 19 de agosto de 2019

Gratuidad: ¿Política pública justa?
Escrito por

Carlos Williamson Benaprés, rector Universidad San Sebastián

Al hablar de gratuidad en la educación superior es inevitable traer a la mente la idea de justicia. A fin de cuentas, una sociedad debe organizarse buscando armonizar el bien individual con el bien colectivo, con el imperativo de que las acciones humanas sean justas y se ordenen hacia un fin, que es el bienestar de todas las personas que la integran. La ley sobre gratuidad libera del pago a los estudiantes bajo el fundamento de que la educación es un derecho social y debe ser gratis. Si el pilar central de la justicia es la equidad, ¿es un buen camino? Veamos.

Si la gratuidad es universal, como consigna la ley, entonces es evidente que tiene un problema de inequidad, porque no es justo darlo gratuitamente a los ricos cuando el peso del financiamiento recaerá también sobre los pobres. Y si en la transición hacia la universalización del beneficio, como determina la ley, la gratuidad solo llega a los deciles más vulnerables, del 1 al 6, ¿sería aún una política justa? No necesariamente.

Si los recursos públicos exhiben un mejor destino en usos alternativos como la educación escolar o parvularia, y si, en paralelo, hay un sistema de becas/créditos o impuestos a los graduados que elimina las barreras a la entrada a la educación superior, con la ventaja de liberar recursos públicos limitados para fines sociales más urgentes, la gratuidad queda debilitada como la mejor política pública.

Con todo, la ley no se puso en ese escenario hipotético. Estableció la gratuidad y el Estado debe honrar ese compromiso. Pero la ley fijó la gratuidad solo por el período de duración oficial de las carreras, al término del cual los estudiantes pagan el 50% del arancel regulado. ¿Tiene sentido ésta norma? En parte sí, ya que el beneficio no puede ser eterno y debe tener un límite. Pero, en parte no, ya que la duración oficial se pone de espaldas a la realidad. En general, los estudiantes se demoran más, no por desidia o flojera, y las instituciones no buscan per se retenerlos. Sea porque la adaptación desde el colegio a la universidad es lenta, o porque llegan con brechas formativas profundas, o porque muchos viven alejados de sus hogares, o deben trabajar para pagar gastos de mantención, o porque tuvieron problemas vocacionales, salieron del sistema y se reintegraron.

Lo justo es reconocer que habrá un margen natural de retraso y extender la gratuidad hasta ese límite. Por ello, tienen razón los rectores Carlos Peña y Carlos Saavedra, quienes han reclamado por esta rigidez. Asimismo, no deja de tener lógica que una vez que cesa la gratuidad, no se aplique a tabla rasa el 50% del pago, sino que se defina una escala donde el arancel a pagar es menor a mayor vulnerabilidad, menor selectividad y dependiente de la ubicación geográfica de las instituciones.

Asimismo, cabe la pregunta de si es justo instalar un sistema de gratuidad para los deciles de menores recursos que no cubre todo el universo de estudiantes con ese perfil socioeconómico. Claramente, un aspecto que quedó invisible. Hoy son 336 mil en gratuidad, pero quedaron fuera de este beneficio otros 400 mil. ¿Capricho de sus instituciones? No. Varias no se adscribieron, porque sus aranceles reales son relativamente más altos y, como la gratuidad solo cubre el regulado, tendrían cuantiosos déficits. ¿Solución? ¿Que bajen sus aranceles? No es factible; no reciben aportes fiscales directos para cubrir el gasto en bienes públicos en ciencia, tecnología e innovación, y los aranceles más altos se justifican para financiar parte de una investigación que el país necesita.

Así las cosas, es evidente que la gratuidad en la educación superior tras el velo de la justicia tiene una base conceptual precaria y, en su diseño legal, tiene debilidades adicionales que explican por qué ha sido una política pública tan controvertida.