El debate en torno al sistema de acreditación se desató en las últimas semanas y solo sumó intensidad luego de que Acción Educar llevara a cifras el impacto que se alertaba. El centro de estudios planteó que si rigieran los nuevos criterios y estándares propuestos por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), 40 universidades no podrían llegar a certificarse.

El rector de la Universidad San Sebastián, Carlos Williamson, también ha seguido el tema. De hecho, levantó un análisis en que, viendo factores como los aportes que reciben las universidades, la investigación que generan y los recursos que manejan por alumno, llegó a varias conclusiones. La principal: el sistema de financiamiento en la educación superior, dice el académico, es “defectuoso” y en el debate sobre la acreditación, es imprescindible de considerar.

- ¿ Cuál es el impacto que tiene el financiamiento en la discusión en torno a la calidad? “
A estas alturas, todos nos dimos cuenta de que en los criterios que se estaban definiendo —más aún, la bajada a la cancha de los estándares— se comprometían indicadores que exigen, para poder cumplirlos, un determinado monto de recursos. Si el Estado no está en condiciones de proveer esos recursos (… ), estamos con un problema de contrasentido”. “Lo que está detrás no es solamente una amenaza a la diversidad y la autonomía. Es la amenaza de que el sistema, como está diseñado y sin los recursos, termine jibarizándose y tengan que desaparecer instituciones que no estén en condiciones de financiar aquellos estándares”.

“Es un modelo (… ) para, en el fondo, permitir que subsistan y alcancen los niveles de excelencia universidades que ya tienen niveles de excelencia. Pero hay un segundo grupo, intermedio, que eventualmente podría cumplir con esos mínimos, pero no tiene ninguna posibilidad de seguir creciendo. ¿Por qué? Porque el Estado no está dispuesto a entregar los recursos”.

Cancha desnivelada

La idea de ahondar en esto, detalla Williamson, surgió a raíz de la siguiente reflexión: ¿Qué se entiende por calidad? En su opinión, para responderlo se debiera contemplar el aporte de los planteles que reciben a estudiantes con mayores brechas y les entregan herramientas que, a la larga, les dan movilidad social. Para lograr esto, enfatiza, se requiere tiempo, acompañamiento y, por supuesto, recursos. También sería necesario tener a la vista el hecho de que según la ley, menciona, todos los planteles deben generar algún grado de conocimiento para fortalecer su formación y aportar a la sociedad. Bienes públicos, dice el académico, que deberían financiarse con recursos del mismo tipo.

- Si todas las universidades tienen las mismas exigencias, ¿tienen también las mismas oportunidades?
“Los “aportes ‘institucionales”, relacionados con concursos para las universidades y financiados por el Mineduc, que van a financiar fundamentalmente investigación o generación de nuevo conocimiento, hace 10 años prácticamente no existían y hoy casi duplican el aporte fiscal directo. Han crecido en forma significativa, pero solo están beneficiando a un grupo de universidades (estatales y G9) y no están permitiendo que otras tengan acceso. Deberían ser fondos concursables, abiertos a todas las que desarrollen investigación, o que quieran desarrollarla”.

Otro de los cálculos hechos por el rector apuntan a dividir los montos que reciben las universidades por el número de estudiantes que tienen. “La brecha es más o menos el doble (entre tradicionales y privadas). Si ves qué porcentaje tienen de participación estos aportes de fondos concursables institucionales, corresponden a un millón y medio de pesos. En parte importante, la brecha está explicada (… ) por este componente de ingresos con exclusividad reservada para instituciones tradicionales”, dice. Esta es una cancha que está desnivelada (…) Es una discriminación odiosa. Genera condiciones de inequidad que perjudican no solo a instituciones que no pueden competir por fondos públicos para la investigación, sino que, además, perjudican desde el punto de vista de la equidad, porque mayoritariamente esos estudiantes de menores ingresos están justamente en aquellas universidades que no tienen estos recursos públicos”.

- ¿Que posibilidades ve de cambiar esto? Por ejemplo, tras el debate del presupuesto.
“Voy a dejar de lado lo que es el aporte fiscal directo (…) Se pueden haber cometido errores de política pública, pero no puedo cambiar las reglas del juego a las universidades”.

“El Gobierno planteó correctamente a mediados de año, en medio de la contracción económica, que una solución para inyectar mayores recursos al sistema en vista de la mayor morosidad y el no acceso a crédito Covid para las universidades, era utilizar los (excedentes de los) Fondos Solidarios de Crédito Universitario, pero condicionado a estar abierto a todas las universidades. La crisis golpeaba a todas (… ) y lo razonable era atenderlas a todas ellas y a sus estudiantes. La decisión final de restringir su uso solo a las universidades del CRUCh, revela que la autoridad no fue capaz de cumplir con su promesa de defender el principio de no discriminación. Y la tesis de que son fondos de las universidades, es un formalismo jurídico; se sabe que son recursos públicos financiados, en su origen, por rentas generales de la nación”.

“El monto acumulado del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU) es alrededor de $200 mil millones. Una proporción que debe ser sobre el 90% son aportes públicos que entregó el Estado chileno. Esos fondos, perdónenme queridas universidades tradicionales, no son de los planteles”.

“Hacia el futuro, la única forma de revertir esta tendencia, primero, es que tengamos más fondos concursables, en que puedan participar todas las universidades acreditadas (… ). Lo que hay que hacer, de aquí hacia adelante, es corregir esta profunda inequidad y discriminación, porque si no, vamos a seguir perpetuando y ampliando esta brecha entre universidades”.

Williamson apunta a una evidencia concreta de que cuando las privadas pueden postular a fondos públicos, “como son los Fondos de Innovación para la Competitividad regionales (FIC), tienen buenos resultados. La U. San Sebastián ha obtenido en los últimos dos años alrededor de $3.500 millones en los FIC regionales, que ha sido un excelente instrumento de apoyo”.

Vea la entrevista publicada en El Mercurio