El 16 de enero de este año, se publicó en el Diario Oficial la ley N°21.131, más conocida como “ley de pago a 30 días”. Este cuerpo normativo establece una serie de aspectos que podrían beneficiar a las Pymes, debido a que se establecen plazos concretos para pagar los compromisos adquiridos en una relación comercial, regulando el vínculo entre las partes (cliente-proveedor). Con ello se genera un impacto financiero en los indicadores de liquidez de las empresas.

A continuación, mostraremos los principales elementos que trae la ley y que deberían impactar a empresas del sector privado.

En relación al plazo máximo de pago entre las empresas por la comercialización de sus productos y/o servicios, este será de 30 días corridos, contado desde la recepción de la factura, pudiendo existir eventuales excepcionalidades, siempre y cuando ambas partes lo acuerden por escrito. Estos acuerdos deberán ser inscritos en un registro que llevará el Ministerio de Economía, denominado “Registro de Acuerdos de Excepción”.

En caso de no cumplimiento de los plazos señalados en el párrafo anterior, se entenderá que el deudor ha incurrido en mora, debiendo con ello aplicársele un interés igual al corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de noventa días y una comisión moratoria del 1% del saldo insoluto en caso de atraso en el pago.

Guía de despacho electrónica

En relación a la facturación, y por consecuencia, en el cumplimiento de los plazos de pago, por regla general, la factura se debe emitir cuando se hace entrega de la mercadería, razón por la cual la emisión de la guía de despacho cobra un rol fundamental en estas operaciones. Es por esa razón que se obliga a los contribuyentes a emitir guía de despacho electrónica, dejando con ello claramente marcada la trazabilidad en la operación.

Desde el punto de vista financiero, uno de los indicadores que con mayor frecuencia se cita para medir la capacidad de una empresa para cumplir con sus compromisos en el corto plazo es la razón o indicador corriente. Entre mayor es este indicador, mejor liquidez muestra la empresa, por tanto, si los pagos se efectúan dentro de los plazos establecidos por la normativa, esto traerá como consecuencia que estos indicadores presenten mejores resultados.

Indicadores de actividad

Por otro lado, existen algunos indicadores financieros, denominados indicadores de actividad, los que miden la velocidad a las que diversas cuentas se transforman en venta y por consecuencia en entradas de efectivo, mejorando con ello el análisis de liquidez indicado en el párrafo anterior. Entre los indicadores que podemos mencionar, como parte de indicadores de actividad, y que tendrán un impacto directo por aplicación de la ley de pago a 30 días son los siguientes:

Período promedio de cobro: Este indicador es útil para evaluar y analizar la política de crédito y cobro de la empresa, calculándose como la división de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, mostrado en el estado de situación financiera de la empresa o balance general, con los ingresos en actividades ordinarias diarios o, dicho de otra manera, con las ventas diarias promedio. El resultado de la operación, da como resultado el tiempo promedio que se requiere para cobrar las ventas efectuadas por la compañía.

Por tanto, una adecuada aplicabilidad de la normativa, traerá como consecuencia una reducción en los periodos promedio de cobro de las empresas, mejorando como consecuencia la generación de flujos de efectivo de las compañías, desde el punto de vista operacional.

Período promedio de pago: Este indicador es útil para evaluar y analizar la política de crédito y pago de la empresa, calculándose como la división de las cuentas por pagar, mostrado en el estado de situación financiera de la empresa o balance general, con las compras anuales promedio efectuadas por la empresa. El resultado de la operación da como resultado el tiempo promedio que se requiere para pagar las cuentas pendientes que tiene la compañía.

Al igual que en el indicador anteriormente señalado, una adecuada aplicabilidad de la normativa, traerá como consecuencia una mejora en el periodo promedio de pago de las empresas, mejorando con ello los indicadores de liquidez de las Pyme.

Con todo lo anterior, el adecuado cumplimiento de este cuerpo normativo traería como consecuencia una serie de beneficios para las empresas desde el punto de vista de la liquidez, tal como se señaló en los párrafos anteriores. A lo anterior, se le podría agregar adicionalmente una reducción de intereses de líneas de crédito y en factoring, reducción en la solicitud de créditos bancarios, cumplimiento en sus compromisos laborales y previsionales, entre otros beneficios.

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