La reciente Ley Ricarte Soto, que dará protección financiera para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, estuvo marcada por la polémica de su acelerada tramitación ante el Congreso. Parlamentarios de diversos colores políticos y organizaciones de pacientes reclamaron porque se apresuró su votación cuando aún había aspectos sin resolver o discutir como se deseaba. Sin embargo, se aprobó el 20 de mayo pasado.

La pregunta ahora es ¿será satisfactoria para quienes han esperado tantos años para que el Estado les apoye en su búsqueda por la salud e incluso la sobrevida? Un sondeo de IPSUSS muestra que las opiniones están divididas, con una tendencia hacia la insatisfacción por la cobertura que el Fondo entregará: 26% de los escuestados la encuentra Buena, 37% la halla Regular y otro 37% la considera Mala.