Rol del Estado parar evitar la discriminación a las mujeres en edad fértil

La baja en la tasa de natalidad en Chile es una gran preocupación, siendo uno de sus determinantes el alto costo que se aplica a las mujeres en edad fértil y niños menores por parte de las isapres. No obstante es deber del Estado garantizar que tengamos una población joven para el futuro del país.

Jueves 24 de mayo de 2018

Rol del Estado parar evitar la discriminación a las mujeres en edad fértil
Escrito por

Gonzalo Sanhueza, académico Facultad de Economía y Negocios, U. San Sebastián

A principios de mayo, tuvo lugar la primera reunión de la mesa de trabajo por la Salud convocada por el Presidente Sebastián Piñera. Después de dicha reunión se reafirmó la voluntad de dialogar y llegar a consensos en temas de salud por parte de actores de un amplio espectro político y técnico de nuestra sociedad.

Por su parte, el director del INE hizo entrega de datos demográficos del Censo 2017. En dicha entrega existen muchos resultados que son altamente preocupantes y que siguen ratificando el cambio demográfico que ha venido teniendo nuestro país. Por ejemplo, el número de personas promedio por hogar pasó de 4.4 personas en 1982, a 3.6 en 2012 y 3.1 en 2017. La tasa de crecimiento de la población bajó de 2% en 1982 a 1.2% en 2002 y 1.0% en 2017. En tanto, la tasa de fecundidad, hijos por mujer en edad fértil pasó de 1.6 en 2002 a 1.3 en 2017. Finalmente, todo esto se ha traducido en que la población mayor de 65 años aumentó de un 6.6% en 2002, a un 8.1% en 2012 y 11.4% en 2017 del total, proyectándose -dado los datos anteriores- que ello continúe en el futuro.

Mayor gasto esperado

En este contexto, cabe recordar que en marzo pasado, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, confirmó que el gobierno está trabajando en una reforma que permita terminar con la “discriminación” que existe con la mujer en edad fértil en el sistema de las isapres y que se traduce en costos que son mucho más elevados tanto para ellas como para los hijos menores.

Al respecto, para tener un análisis adecuado, debemos preguntarnos si existe tal “discriminación” o lo que ocurre es resultado lógico de un mayor gasto esperado; así como también qué debemos hacer como país respecto del envejecimiento sistemático de la población. Al analizar estos dos puntos, podremos ver cuáles son las alternativas de solución que se tienen para evitar la llamada “discriminación”.

En primer término, es claro que una mujer en edad fértil, o un niño menor, tiene un mayor gasto esperado en salud, por ejemplo, el costo de un parto puede perfectamente consumir un año de cotizaciones de mujeres con rentas medias o bajas. Además, el niño menor de un año tiene aseguradas al menos 12 visitas al pediatra. Por ello, es claro que la probabilidad de tener un hijo hace que el costo esperado en prestaciones de salud aumente.

Tasa de fecundidad: prioridad política

Por otra parte, el envejecimiento de la población nos trae aparejado grandes desafíos para el futuro, ya que tendremos menos personas en edad de trabajar, mayores gastos en pensiones y mayor presión en gasto en salud, por lo cual es una prioridad política del Estado lograr que aumente la tasa de fecundidad. Para ello, hace muchos años Chile adoptó que la política de reemplazo de los ingresos de las mujeres que tienen hijos mediante la licencia pre y post natal, y por enfermedad del hijo menor de un año, lo asumiera el Estado, pagándose a través del FUPF (Fondo Único de Prestaciones Familiares) desde los impuestos generales de la nación.

Entonces, si entendemos como sociedad que el nacimiento de nuevos compatriotas no es un tema solo de sus progenitores y familia, sino que es una necesidad para el Estado, cabe preguntarse por qué no puede éste hacerse cargo de los costos derivados del parto y la atenciones que los niños menores deberán recibir aun estando sanos. De esa forma se aliviarán los presupuestos familiares y niños y mujeres no serán un riesgo para las isapres. Para ponerlo en operaciones, bastaría que se generara un paquete de prestaciones cubierta por el Estado para la atención de los niños y usar el valor PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) para el parto con los valores hasta los que cubre el Estado, obligando así a las isapres a no cobrar más a las mujeres ni niños por estos conceptos.

Políticas como la señalada ya se han llevado a cabo, incluso de manera mucho más radical, en países de Europa que ya vivieron la transición demográfica, donde incluso existe devolución de ingresos ganados el año anterior al nacimiento de un hijo, caso de Islandia por ejemplo, que ha elevado sustancialmente la tasa de natalidad.