Hemos perdido la capacidad de asombro frente a la improvisación, falta de claridad de hacia dónde vamos, permanentes cambios de rumbo y contradicción entre el discurso democrático y las acciones, como la petición de renuncia a la rectora de la U. de Aysén por expresar libremente sus opiniones. Preocupa la incomprensión de que lo más importante para el desarrollo del país es su capital humano y cómo se hacen voces sordas de las opiniones de expertos que señalan la necesidad de enfrentar el problema desde los primeros años de formación.

Lo que hemos visto en la Universidad Alberto Hurtado, la imagen desafiante de una niña a Carabineros que recorrió el mundo, el desplome de colegios emblemáticos, los atentados a instituciones religiosas y culturales, la pérdida de respeto a la justicia y la tolerancia de autoridades universitarias que se autodeclaran referentes de la educación pública y que legitimaron estos hechos al dejar en la impunidad actos similares, es el resultado de una equivocada visión de la educación. ¿Cuántos rectores creen honestamente en la capacidad de una persona que recién se está formando para elegir a las autoridades universitarias, aunque usen dudosos argumentos para “defender” una mal entendida democracia que atentará contra la eficacia en la gestión y el desarrollo de los estudiantes y de su institución?

Los estudiantes aprenden en aula y de su entorno. Si ven logros políticos, algunos muy justificados, con acciones vandálicas no sancionadas, seguirán recurriendo a ellas sin darse cuenta del daño material y de imagen a la institución que los forma y a una mayoría de estudiantes que quieren aprender. Las horas perdidas de clases por las tomas, el destrozo de su propia infraestructura o la pérdida de autoridad de quienes forman por el poder desmesurado dado a los estudiantes, podrían tener nefastas e insospechadas consecuencias que muchos ven con preocupación y pocos se atreven o interesan en analizar. 

Cuando 29 universidades repudian públicamente lo sucedido en la Universidad Alberto Hurtado, vimos una luz de esperanza y una oportunidad para retomar la cordura y enmendar el camino de la permisibilidad mal entendida. No se puede enseñar con el ejemplo que actos vandálicos quedan impunes, que los estudiantes tienen “derechos” que en ninguna organización encontrarán cuando salgan al mercado laboral, que no existe autoridad que exija que se hagan responsables de sus actos, que bajo el slogan de la libertad prime el libertinaje y que la calidad del aprendizaje deje de ser el tema principal. 

Las autoridades universitarias y el gobierno deben dar las señales claras de hasta dónde la incuestionable libertad de expresión rompe el límite de las responsabilidades personales. Las palabras de repudio y solidaridad expresadas por ellas deben transformarse en acciones concretas que sancionen de manera efectiva y ejemplificadora estos hechos en sus propias universidades, mostrando los límites máximos de tolerancia. Muchas reformas sociales han partido de las universidades.

Hoy sus autoridades tienen la posibilidad y responsabilidad de reencausar la movilidad estudiantil por el camino de la calidad que nunca se debió abandonar y, el gobierno, de mostrar que está a la altura de los grandes estadistas que pensaron en el bienestar de largo plazo de su país más que en el respaldo populista, que claramente no ha concitado, haciendo un uso correcto de su autoridad.