21 de mayo y decisiones para Educación

Primera preocupación: la demora en la definición de una política que apunte a la calidad de la educación parvularia. Parece que las nuevas salas cunas y jardines serán más de lo mismo: guarderías y no verdaderos espacios de desarrollo...

Martes 26 de mayo de 2015

21 de mayo y decisiones para Educación
escrito por

Mario Waissbluth, Presidente de la Fundación Educación 2020

Balance agridulce pero abundante del discurso del 21 de mayo. Positivo: un necesario proyecto para crear la figura del administrador provisional en la educación superior. Una nueva institucionalidad para la educación parvularia y la regulación de funcionamiento de jardines infantiles para terminar con el libertinaje en ese sector. Se asumió el error en la proporción de nuevas salas cunas y jardines que muchos criticamos, y se reajustará a la demanda real.
Se aprobó la Ley de Inclusión: muy relevante para disminuir la segregación escolar, nuestro apartheid chilensis. Hubo ya bienvenidas mejoras a los profesores y se envió al Congreso un esperado proyecto de Carrera Docente. El más grato anuncio: se focalizará inicialmente la gratuidad superior en los más necesitados (264 mil jóvenes de la educación técnica superior). Se ampliará igualmente el PACE en los liceos, otra herramienta de equidad en el acceso.
Primera preocupación: la demora en la definición de una política que apunte a la calidad de la educación parvularia. Parece que las nuevas salas cunas y jardines serán más de lo mismo: guarderías y no verdaderos espacios de desarrollo. Si se aspirara a una proporción razonable de niños por educador, se requieren nada menos que 15 mil educadores de párvulo adicionales, bien formados. No se sabe de dónde saldrán, sin recursos para formarlos, y peor aún, el proyecto de Carrera Docente posterga -incomprensiblemente- el ingreso de este estamento, el más crucial para el futuro de Chile.
Da la impresión que la mezquindad presupuestal del proyecto de Carrera Docente -sólo US$ 1.000 millones adicionales al 2020, comparados con US$ 2.000 millones en nuestra estimación- tiene que ver con priorizar la gratuidad superior en lugar de la base de la pirámide.
La mitad de los escolares y estudiantes de educación superior están formándose en oficios y carreras técnicas, pero salvo la creación de 15 CFT estatales -que sólo abarcarán el 2% de esa matrícula, sin mecanismos claros para asegurar su calidad- no se ha escuchado una palabra sobre la necesidad de una transformación que siente nuevas bases en este ámbito, que es el mayor desafío de equidad y productividad del país.
A pesar de que ha habido una inyección de recursos a los municipios, no se ha visto todavía un proyecto sólido de fortalecimiento de la educación pública, cuestión que debió haber comenzado en marzo del 2014. Más allá de una todavía poco clara y debatida desmunicipalización, no se ha priorizado el vital y más urgente tema: las mejoras a la profesionalización, formación y concursabilidad de directivos de escuelas y sostenedores públicos. La calidad se logra así y no con tablets o laptops, fórmula de comprobada ineficacia en todo el mundo.
En educación superior se anunció un proyecto de acreditación, financiamiento, gratuidad, institucionalidad, pero no se ve claridad en el desafío fundamental: 75% de los 12 mil programas de educación superior no cuenta con acreditación y muchos son comprobadamente pésimos. ¿Cómo, con qué recursos y en cuánto tiempo se va a reordenar este caótico sistema antes de siquiera pensar en otorgar gratuidad? ¿Se hará esto al vapor y despriorizando la educación preescolar y los liceos técnicos? Está por verse.

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