La reflexión bioética nacional ha tenido dos polos principales de desarrollo, uno relacionado a la investigación científica en seres humanos y el otro, a los conflictos biomédicos de la práctica clínica médica. La importancia de los aspectos bioéticos en estos ámbitos, desde el seno de grupos académicos universitarios que lideraron inicialmente estas reflexiones, ha permitido influenciar a la propia legislación que sobre dichos tópicos se ha generado. 

Primero la ley 20.120 sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohibición de la clonación humana, definió los requisitos de la investigación científica en personas destacando la obligatoriedad del consentimiento informado. En ese mismo cuerpo legal se estableció la creación de una Comisión Nacional de Bioética que sería un ente asesor de los poderes del Estado en asuntos éticos relacionados a los avances científicos y tecnológicos en biomedicina.  Una década después de su promulgación aún no se ha constituido dicha comisión. 

En tanto, la ley 20.584 sobre derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, intentó disminuir las asimetrías en la relación entre los prestadores institucionales e individuales y las personas en las acciones vinculadas a su atención en salud. 

Se ha avanzado, pero existe una tercera etapa o ámbito de la bioética nacional que requiere un despliegue más amplio y de mayor comprensión no sólo en el mundo académico tradicional, sino también en la esfera política, se trata de los aspectos éticos de las políticas públicas en salud. 

En tiempos de baja confianza al interior de la sociedad chilena parece imprescindible incrementar y exponer en el foro público los asuntos éticos que subyacen en las políticas públicas en salud.  Esto es especialmente necesario cuando por ejemplo ante iniciativas como algunos programas de vacunación - que en tiempos pasados no significaban cuestionamiento alguno a la obligatoriedad que imponía la autoridad sanitaria - ahora aparecen voces ciudadanas interpelando por el derecho de rechazar estas iniciativas por temor (no siempre científicamente bien fundados), a posibles reacciones adversas de la sustancia inmunizadora, con el consiguiente riesgo para el resto de la comunidad. 

Ha quedado atrás, un ciudadano pasivo frente a la autoridad que imponía los asuntos de la salud pública y ahora más que nunca, se debe dar cuenta de los argumentos que sostienen la restricción de algunas libertades individuales que puedan implicar algunas políticas públicas de salud. 

Este mismo nuevo ciudadano, más consciente de sus derechos y tal vez más comprensivo de la dignidad, reclamará cada vez con mayor fuerza los argumentos y fundamentos de acciones públicas de salud que tensionen el libre goce de sus libertades. 

Esto no puede ser entendido por la autoridad pública como una dificultad indeseable, sino como un natural desarrollo de los individuos en sociedad y que simplemente ahora cuestionan, en un sano ejercicio democrático, la racionalidad de aquellas políticas que tienen pretensión de lograr obtener un beneficio para la comunidad. En otro sentido, este inédito participante social otorga una oportunidad para empoderarse de sus derechos pero también de sus deberes respecto a hábitos que mantengan su salud. 

Los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud exhiben una alerta de riesgo respecto a la tendencia de los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, diabetes, entre otros) que en muchos casos no sólo no mejoran sino aun han empeorado. Cualquier iniciativa de mejoramiento de estos indicadores de riesgo de enfermedades no transmisibles requerirá la participación responsable de los involucrados, a través de programas educativos. Encrucijada propicia para que los ciudadanos demuestren su grado de responsabilidad con su propio estado de salud. 

Pero, existen poblaciones vulnerables que deberían ser especialmente protegidas. Cualquier política pública en salud parece evidente que debería poner especial foco de atención en poblaciones vulnerables. Por cierto, la población infantil es un típico grupo que debe poseer la mayor de las preocupaciones de las autoridades, pero no es el único. Frente a recursos económicos siempre escasos, hay otros grupos que también deben ser atendidos, por ejemplo ancianos, inmigrantes. 

La magnitud de los recursos que sean desviados a cada grupo debe estar basado en información objetiva y conocimiento técnico, pero también debe velar por entregar atención y sobre todo, una oportunidad justa a cada uno de ellos.  Una oportunidad justa es más difícil de especificar en cada caso, pero es evidente - en mi opinión - , que en una sociedad que posee altos grados de inequidad se hace imprescindible que este esfuerzo se lleve a cabo. El imperativo de dicho esfuerzo es profundamente ético y la ciencia económica debe estar al servicio de alcanzar una razonable y prudente solución para cada caso. 

En definitiva, la reflexión ética en relación a las políticas públicas en salud - la tercera etapa del desarrollo de la bioética nacional - emerge con protagonismo, no por ser incipiente en su vertiente académica sino por su necesidad de ocupar un espacio principal en el foro público, precisamente en tiempos en que dar cuentas será la única forma de restituir la confianza en la sociedad.