Chile es un país que se encuentra en una transición demográfica avanzada hacia el envejecimiento poblacional. Hoy existen alrededor de 2.5 millones de personas mayores de 60 años y de éstas según los últimos datos entregados por el INE, más de un millón sobrepasa los 70.

La estructura etaria se transformará completamente cambiando las necesidades sociales y políticas. Y si bien el envejecimiento de la población es un indicador de desarrollo que refleja el mejoramiento de las condiciones de vida de un país, es importante lograr que esos años también se disfruten de manera plena. No obstante, la pregunta que surge es si el país está preparado para enfrentar este nuevo desafío. 

El diagnóstico no es alentador. Actualmente no existe una focalización de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores. De partida, no hay una uniformidad de criterio para definir qué se entiende por tales. Algunos organismos públicos consideran que es a partir de los 60 años, para otros a los 65 e incluso ya se habla sobre los 70 años.

A su vez la oferta de servicios que entrega el Estado no responde a las expectativas y necesidades de las personas mayores, según reportan diferentes estudios de opinión, donde se menciona el descontento de este grupo frente a temas como el derecho a una pensión digna, a la salud y a la seguridad social, además de su preocupación por el abandono familiar y social.

Actualmente existe una dispersión de estas políticas y no hay un organismo realmente encargado de coordinar y diseñar los programas que respondan a estas necesidades de manera efectiva. La capacidad del Senama se ve restringida a la disponibilidad de recursos que se le asignan y al personal disponible, pero además dada su estructura y dependencia, no le ha sido posible formular políticas intersectoriales.

En cuanto a las acciones y programas destinados al adulto mayor el acento está más bien puesto en el otorgamiento de beneficios directos, más que en la definición de propuestas de largo plazo. Incluso en algunos casos existe duplicidad de programas como el de turismo social que es impartido por Senama, Sernatur, municipalidades y cajas de compensación.

Por ello es el momento de abordar este tema en serio. Hoy se ha puesto en el debate público la necesidad de reformar el sistema de pensiones, pero en realidad hay que aprovechar ese impulso para generar una institucionalidad que resuelva las reales inquietudes de la población de manera integral.

Eso significa no sólo preocuparse de la capacidad económica de las personas, sino en su inserción laboral y social. Esta política también debería considerar programas de prevención que mitiguen los efectos físicos y sicológicos de la vejez y una nueva ley de personas mayores que regule aspectos que son necesarios para el respecto de todos sus derechos.

Los desafíos son enormes y la Universidad San Sebastián no ha quedado ajena a este llamado ciudadano. Hemos comenzado a implementar el Programa de Envejecimiento Positivo, a fin de sumarnos a la construcción de una política de vejez digna para Chile.