El compromiso por parte del gobierno de construir 20 hospitales al término del gobierno, dejar otros 20 en ejecución y 20 en proyecto, pareciera ser que no podrá cumplirse. La ejecución presupuestaria en materia de inversiones alcanza a 18% en mayo de este año, lo que da cuenta de un retraso en las obras de estos proyectos. 

Si a eso se añade, la contracción económica que vive el país y el consecuente ajuste fiscal anunciado por parte de las autoridades de Hacienda, se ensombrece aún más el panorama de inversiones en salud, dado que el gasto público se tendrá que focalizar y, sin duda, la implementación de la reforma de la Educación se llevará gran parte de los recursos, por sobre otras necesidades país. 

En este contexto, la medida tomada por la entonces ministra de Salud Helia Molina -y que luego se mantuvo-, de desechar el sistema de concesiones para financiar en parte la construcción de estos hospitales, no fue una buena idea, dado que las expectativas por una mejor salud de miles de chilenos se verán insatisfechas. 

La claudicación de estos proyectos -algunos de ellos adjudicados y otros en el cierre del proceso administrativo y que fueron revocados-, como son: Biprovincial -Quillota, Marga-Marga, Sotero del Río, Linares, Chillán y Curicó, habrían estado terminados al finalizar el gobierno de no haberse detenido el proceso. Ahora no hay claridad de que estos recintos queden en obras, dado que el trámite administrativo para construir de manera tradicional demora cerca de dos años. Es más, en el caso del Hospital Sótero del Río, incluso no hay certeza de que el proyecto vea la luz antes del 2020. 

Una de las razones esgrimidas por las autoridades del Ministerio de Salud para tomar esta decisión fue que la construcción vía concesiones era más cara. Ello pese a que los estudios del propio ministerio de Obras Públicas, así como los de la Cámara Chilena de la Construcción, indicaron lo contrario. Pero incluso obviando estos antecedentes, en la práctica, hoy el Minsal está licitando las obras de estos hospitales por costos superiores a los presentados por las empresas concesionarias en su momento, por lo tanto no es cierto que construir vía sectorial sea más barato. 

Si a este punto, se añade el hecho que la etapa de estudio de un nuevo proyecto toma alrededor de un año y medio, y que los hospitales construidos por la modalidad tradicional terminan requiriendo cerca de un 40% de tiempo mayor del inicialmente contemplado, las “razones económicas” publicitadas originalmente, son claramente un engaño a la ciudadanía. 

En realidad tras esa premisa, lo que no se quiere admitir es que la razón para desestimar las concesiones como mecanismo de financiamiento en la construcción de los hospitales, es ideológica y no técnica. 

Sin embargo, esta es una decisión que no es inocua. Tiene costos. Y esos costos lo pagan las más de 19.385 personas en lista de espera por una patología Auge o el millón y medio que requiere ser vistas por un especialista o aquellos que tienen que ser derivados a otros centros asistenciales alejados de su ciudad porque en su región no está el hospital de complejidad, con los médicos ni las camas o tecnología que se necesita.    

La decisión racional y técnica de iniciar el proceso de construcción de nuevos hospitales fue porque se estimó que era indispensable para ofrecer atención digna y de calidad a los ciudadanos. Al postergarla por razones ideológicas, ¿quién la va a explicar a los miles de pacientes que verán postergada por muchos años sus legítimas expectativas?