Es necesario que se transparenten los montos adeudados que tiene el sistema de salud público con sus proveedores. Cada cierto tiempo se conoce información parcial, pero que no da cuenta del verdadero problema de fondo, y del cual las autoridades guardan silencio.

Como consecuencia, se producen hechos como el denunciado por parte de médicos del Hospital de Quillota, quienes aseguran que se han tenido que suspender atenciones debido a la millonaria deuda que sostienen con las empresas que le suministran los insumos.

Frente a esta situación, nadie le "pone el cascabel al gato".

Hoy, el Estado no cumple la legalidad vigente, la cual es pagar a tiempo sus obligaciones, pero tampoco dispone de un programa de adquisiciones planificado, con planes de pago mensuales.

En administraciones anteriores se logró controlar la deuda hospitalaria, como nunca antes ni después se ha logrado. Para ello se hizo una conciliación ordenada entre proveedores y deudores, se firmaron compromisos de pago y, por último, se hizo un seguimiento para ver que estos se cumplieran.

Lo anterior buscaba bajar costos y mejorar el acceso del sistema público a la vasta y variada oferta de dispositivos médicos y fármacos que existe, para que pudieran llegar a los usuarios, que son quienes más lo necesitan. Esto demuestra que habiendo voluntad y mecanismos de gestión, es posible lograr los objetivos. Algo que hoy día no vemos.