El ex ministro de Educación declaró en el marco de una reunión, que se está analizando la posibilidad de que universidades privadas se incorporen a la gratuidad para sus estudiantes. Además, señaló que aquellas deberán cumplir con ciertos criterios para que sus alumnos accedan al beneficio. Estos serían que la universidad sea independiente, que fomente la libertad de pensamiento y que transparente sus balances.

Sin duda lo señalado por la autoridad es un avance en comparación al anuncio que incluía sólo a los estudiantes del Cruch en este beneficio, no obstante cabe recordar que en aquella ocasión, el entonces secretario de Estado sostuvo prácticamente lo mismo, pero planteando otros criterios para las universidades, que eran estar acreditadas, contar con una estructura jurídica apropiada, no presentar lucro, que tengan aranceles más cercanos a los de referencia. Dado lo anterior, es legítimo preguntarse si lo que se exigirá a las privadas es lo señalado ahora o lo establecido en la primera instancia, o bien será una suma de ambos. De igual modo, cabe cuestionarse si aparecerán nuevos criterios en el futuro.

Y esta incertidumbre ha calado profundo en los estudiantes. Son ellos los que no se sienten representados y los que por la vía del diálogo con sus propios pares han hecho un llamado al Ministerio para que adopte concretamente ciertas determinaciones.

Siempre que se hacen definiciones generales se abre la posibilidad de múltiples interpretaciones, lo que se suma a la aplicación concreta que puede seleccionar a quienes se deseaba incluir. Las normas deben ser claras y específicas, lo que tiene que ver con el principio de evitar la opción de interpretar dicha norma y, por lo tanto, que el funcionario público que la aplica pueda hacer discriminación.

Lo que se esperaría es que exista análisis con las propias universidades involucradas, a partir de un diagnóstico de lo que pasa hoy realmente. Muchas veces hemos escuchado declaraciones que desconocen el trabajo que está haciendo el propio Mineduc, el Consejo Nacional de Acreditación, o el irrefutable hecho de que las familias de quienes se han matriculado por muchos años en las universidades privadas continúan confiando en ellas.

Resulta necesario definir criterios para que una institución pueda impartir títulos y grados, porque sin duda está involucrada la fe pública por el largo ciclo que significa el proceso educativo, y la enorme asimetría de información. Para eso existen en todos los países del mundo regulaciones, que en Chile están definidas por la certificación y por las acreditaciones, tanto de la institución como de sus carreras; además, el Mineduc dicta normas sobre información y controla el uso de recursos públicos (CAE y becas) muy estrictamente.

Si se plantean exigencias a las instituciones de educación superior, resulta lógico pensar que son los temas anteriores los que la legislación debiera abordar primero. Da la impresión de que lo anunciado el 21 de mayo no responde a un diseño coherente, y que no está definido el esquema global.