Un objetivo general del proyecto de reforma a la educación superior genera un claro apoyo: ¿quién podría estar en desacuerdo con la afirmación que ese sistema aporte al desarrollo social, cultural y económico del país, de sus regiones y sus personas?

Muchos concordamos que para esto deben hacerse cambios, como fortalecer la institucionalidad, perfeccionar las regulaciones y su cumplimiento, mejorar los mecanismos de aseguramiento de la calidad, y tener una mezcla de financiamiento público y privado que logre cumplir con los propósitos de inclusión y equidad, pilares de la reforma.

Las discrepancias surgen con los contenidos específicos que el proyecto incorpora. Ellos reflejan una mirada que se fundamenta en una identidad muy discutible, de lo público con lo estatal. Por ello, se transforma el crecimiento de las instituciones estatales en un objetivo per se, sin  debate ni justificación.

Se observa una gran carencia de realismo en el diagnóstico, que no considera la importancia real de las instituciones privadas. Eso deriva en una enorme dificultad para lograr simultáneamente los objetivos, ya que el sistema de financiamiento propuesto no conversa ni con mejorar los índices de calidad ni con lograr una mayor equidad.

Un elemento muy incomprensible es la omisión sobre el proyecto de crear el ministerio de Ciencia y Tecnología, que existe en forma completamente separada al proyecto de reforma de la educación superior, que tendrá su propia discusión parlamentaria, suponemos que incorporando a los actores sociales. Sabemos que en Chile las universidades realizan más del 70% de las actividades de investigación científica y tecnológica; dentro de ello la investigación básica se hace casi completamente al interior de las instituciones, o en colaboración con ellas. En esa dirección, el proyecto sobre educación superior define las actividades de investigación como elemento que es constitutivo o esencial en una universidad y define un mecanismo de financiamiento, muy imperfecto por cierto, para ello; por eso mismo no se entiende la separación entre ambos proyectos de ley.

Si analizamos el desarrollo de las universidades y, en general, de la educación superior, debe plantearse, por definición, con perspectivas de muy largo plazo. A modo de ejemplo, un estudiante que ingresará en 2017 a una carrera, si termina a tiempo, obtendrá su título a partir de 2021, y en algunos casos en 2024; posteriormente su vida laboral se desarrollará hasta 2060. Por esto, es preocupante que, por las restricciones financieras, nos concentremos en lo que ocurrirá en los próximos dos años.

Este proyecto debiera haberse elaborado con mayor diálogo y receptividad hacia las ideas de otros. En realidad, han existido muchas reuniones y seminarios, pero no se ha producido un proceso amplio de análisis y discusión sobre los objetivos y la situación actual. Siempre los gobiernos tienen la responsabilidad de presentar proyectos que respondan a su visión, en distintos temas, pero los acuerdos son indispensables para la estabilidad de la propia normativa, especialmente si contienen obligaciones y generan efectos que sobrepasan con largueza el período presidencial.