Se ha dicho que las condiciones para la gratuidad en educación superior pasan por contar con factores que den confianza; uno de ellos es la acreditación. Es importante notar que hay instituciones privadas que tienen más años de acreditación que algunas del Cruch. Por ejemplo, en la U. San Sebastián cerca del 90% de los alumnos estudia en carreras acreditadas, lo que ofrece un sello de garantía.

Es innegable que el sistema universitario es heterogéneo y más vale respetar y apoyar su diversidad: un ejemplo es que hay instituciones regionales del Cruch que poseen un alto porcentaje de alumnos en situación vulnerable, lo que también ocurre en las privadas, donde existe una gran cantidad de jóvenes que pertenece al 60% de menos ingresos. En nuestro caso, tenemos un promedio del 63%, mientras que en las sedes de Valdivia y Puerto Montt supera el 70%.

Considerando sólo la oferta de las universidades del Cruch se observa: a) sobre mil programas diferentes (algunos de ellos impartidos en más de una región por la misma universidad); b) grandes diferencias en la selectividad de la admisión; c) diversidad de estudiantes- instituciones con un 50% de alumnos de colegios municipales y otras con apenas el 10%; d) diferentes grados de posicionamiento (algunas no cubren más del 60% de los cupos ofrecidos, mientras otras duplican su oferta y tienen éxito).

Los recursos para financiar la gratuidad del 60% más vulnerable, incluyendo a todos los alumnos que estudian en instituciones acreditadas, alcanzan un monto de más de mil millones de dólares adicionales, el doble de lo anunciado. Si esa es la restricción principal, los 500 millones de dólares pueden distribuirse de muchas formas, considerando la realidad, no los prejuicios.

En tanto, ¿se limitará la cantidad de estudiantes que pueden ingresar a las instituciones beneficiadas? Si no es así, el presupuesto requerido puede exceder con creces los recursos disponibles.

Es razonable fijar exigencias a los estudiantes que harán uso del beneficio, así como también a las instituciones, pero si se propicia "un nuevo modelo educativo gratuito, de calidad, inclusivo y con énfasis en lo público". Si se asume que la meta es "alcanzar calidad y gratuidad universal" y que "el dinero público no será para hacer negocios", entonces que las exigencias vayan en la dirección indicada: se debe evidenciar que los excedentes se reinvierten en mejorar la calidad y que se posee una adecuada acreditación institucional y por carreras, que es el aporte al ámbito público.

Por cierto, ¿una universidad que titula mil profesionales de la salud en todas las carreras del sector, sin problemas en examinación ni empleabilidad, cumple una función pública? Si hemos matriculado sobre seis mil nuevos alumnos en los últimos años, ¿todos han ingresado sin saber qué pasa en esta institución?

Es necesario establecer un calendario que determine cómo se abordará la situación a partir de 2016, porque dejar sin respuesta a más de 150 mil estudiantes de universidades privadas, y casi 350 mil de IP y CFT, que estudian en programas acreditados, por una decisión administrativa, es inaceptable.