Luego de meses de reuniones, modificaciones y no exento de críticas, el Ministerio de Salud (Minsal) ingresó la semana pasada a la Contraloría General de la República, la norma 254 que regula la asignación de campos clínicos en el país.

La idea es que haya un nuevo trato entre las universidades públicas y privadas, y los centros hospitalarios del Estado a la hora de los internados y prácticas de los alumnos de carreras vinculadas al área de la salud.

La propuesta de la autoridad, una vez aprobada por el ente fiscalizador, obligará a revisar y adecuar todos los tratos actuales en un plazo de seis meses.

Uno de los puntos más controvertidos y que trajo mayores desencuentros entre las autoridades del Minsal y las universidades es el tema de gratuidad, ya que la Norma 254 da un mayor porcentaje a aquellas casas de estudios que adscriben a la gratuidad en la educación superior al momento de postular a un campo clínico, entre otros componentes.

En ese sentido y ad portas de que la Contraloría vise -si no hay reparos- el nuevo documento, el decano de Medicina de la U. San Sebastián, Luis Castillo, vuelve a acusar de “discriminatorio” el texto. Asegura que “de llegar a aprobarse tal como está la norma 254 sería una situación muy complicada para las carreras de la salud, específicamente para la cerrera de medicina. Estaríamos en desmedro y detrimento en forma muy potente respecto a otras universidades, incluso de calidad inferior”.

Para la autoridad, “es una norma discriminatoria, absolutamente excluyente en dos aspectos: primero, en el aspecto de la gratuidad, siendo que este es un elemento completamente voluntario y aquí se le da un porcentaje de puntaje de puntuación y aquellas universidades que no estamos en gratuidad por un modelo educativo, se nos castiga diseminándonos indirectamente, a través de la puntuación para asignar un campo clínico”.

Y como segundo punto, Castillo plantea que la norma “también se involucra en el proyecto educativo y en la autonomía universitaria, al dar puntaje mayor a aquellos programas de estudios que específicamente, hacen de la atención primaria un elemento de desarrollo mayor respecto de otras universidades. Nuestro programas de estudios de la universidad hacen de la atención primaria un elemento muy importante: la USS no tiene problema en este aspecto, pero se mete en la libertad del proyecto educativo que puede afectar la autonomía de la educación superior, y desde ese punto de vista valoro que cada universidad tenga libertad absoluta para estimar y hacer los programas educativos que se tomen pertinentes”.   

Una mirada distinta a la expuesta por el decano USS es la que da el ex ministro de Salud, Álvaro Erazo. Para él, en una política pública como la gratuidad “lo que se busca es promover que las universidades se abran a incorporar estudiantes de las carreras de medicina con mecanismos de gratuidad. En ese sentido, el Estado está haciendo uso de un incentivo adecuado”.

Pese a ello, el actual docente de la Universidad Católica, esta norma “lo que no puede hacer o debe tratar de evitar es que sea un mecanismo cerrado o una opción de exclusión. En ese sentido, hay que aplicar cierto sentido de gradualidad y así poner énfasis en las careras que nosotros necesitamos”.

Erazo puntualiza también “la política de Estado lo que tiene que tratar de hacer es lograr la mayor inclusividad del sistema en financiamiento, y en ese sentido, hay que evitar cualquier mecanismo que deje fuera a algunas universidades y a otras. La política pública es generar incentivos para que las universidades se incorporen al sistema de financiamiento estatal y por ende, la gratuidad. Es indudable que debiera generarse incentivos, sin ojalá, perjudicar a otras instituciones. Un incentivo que tiende a favorecer a los más vulnerables debiese ser algo que pueda potenciar mucho más las sinergias con las redes hospitalarias que el sistema tiene”.